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La UE prevé implantar el primer gravamen fronterizo contra la crisis climática

La Unión Europea planea implantar un gravamen a la importación de acero, cemento y aluminio producidos en países con estándares ambientales y de exigencia climática más bajos que los comunitarios. La UE persigue este objetivo para mantener su idea de convertirse en un líder mundial en la lucha contra el calentamiento pero sin sin dañar a los productores nacionales.

En una medida que ningún otro país del mundo ha tomado, la Comisión Europea quiere imponer un sistema que imponga una cierta penalización a la importación de bienes que lleven aparejados, en sus procesos producidos, emisiones de gases que no estén gravadas (a diferencia de lo que ocurre en la UE, donde los grandes generadores de CO2 deben pagar derechos por emitir estos gases que calientan la atmósfera).

Así lo indicó un informante a la agencia Bloomberg, aunque prefirió mantenerse en el anonimato, a la espera de que estas propuestas se den a conocer el próximo mes. El impuesto se calculará en base a los costos de carbono que ya afrontan los productores nacionales. Todo indica que este gravamen se aplicará a otros bienes como los fertilizantes y la electricidad.

Certificados del sistema de comercio de emisiones europeo

Según la idea barajada, los importadores tendrán que comprar certificados especiales reducción de emisiones vinculados al sistema de comercio de emisiones de la UE, según añadieron las mismas fuentes. Los precios del carbono en ese mercado se han disparado hasta niveles récords este año, y este lunes alcanza los 51 euros la tonelada de CO2, según nos informa Ismael Romeo, de la plataforma Sendeco. Emitir gases invernadero es tan caro ya que los grandes generadores de CO2 (sobre todo el sistema eléctrico) bascula hacia las tecnologías no emisoras (objeto de la última reforma del Gobierno español).

La medida planificada aludida es parte de un paquete más amplio que se presentará el 14 de julio, y con el que se persigue alinear la economía de la UE con objetivos más estrictos de reducción de emisiones para 2030. La UE27 está endureciendo sus reglas en la reforma de sus planes de acción climática con una revisión que incorporará los extracostes climáticos en nuevos ámbitos de actividad (como el transporte y la producción y el comercio de energía). El objetivo general del Green Deal es que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo a mediados de siglo.

Fuera de la agenda del G7

Los líderes de la UE han dicho en repetidas ocasiones, en sus comunicados tras las cumbres de jefes de Estado, que acogerían con agrado un mecanismo de gravamen fronterizo. Aún así, la concreción de los detalles del llamado mecanismo de ajuste de carbono en fronteras puede suscitar largos debates dentro del bloque. El asunto no está en la agenda de la reunión del G7, aunque una fuente de Bloonberg dijo que podría discutirse de manera informal.

La UE quiere matar dos pájaros de un tiro: por una parte, garantizar una igualdad de condiciones en las transacciones de comercio internacional que evite competencias ilegítima y fomentar más acciones climáticas de los países fuera del bloque europeo. Pero se sabe que sus planes ya están causando malestar diplomático en países que no incorporan los costes ambientales en sus productos, como Ucrania, China e India.

Este gravamen planificado se lanza a pocos meses de la cumbre climática crucial organizada por el Reino Unido en Glasgow (el próximo mes de noviembre), donde el papel de la UE puede ser clave para arrastrar a otros grandes emisores a redoblar sus esfuerzos con nuevos planes de acciñón climática.

Mecanismo polémico

Si la propuesta aumenta las tensiones comerciales con países terceros, el mecanismo de ajuste en frontera puede ser un elemento de negociación en cualquier caso.

La UE ya ha aprendió una lección sobre comercio y clima cuando intentó hace unos años implantar el mercado de carbono en los vuelos fuera de la Europa (para poner un precio a cada tonelada de CO2 emitida por los aviones).

Pero su plan provocó quejas y amenazas de represalias por parte de Brasil, EE. UU., Rusia y China, y la UE tuvo que dar marcha atrás y reducir la ambición de programa, de manera que solo se aplicó a los vuelos interno en la UE, los que nacen y mueren en la UE.

La opinió de EE.UU., clave

En el escenario más optimista pintado por algunos analistas y diplomáticos de la UE, los planes de Europa conducirían a la creación de un «club» de países líderes climático en todos los continentes. Sin embargo, eso necesitaría el respaldo de la administración estadounidense, que aún no ha decidido qué enfoque regulatorio seguirá para reducir los gases de efecto invernadero.

La Comisión está considerando un período de transición, de manera de discurrirían tres años antes de la entrada en vigor total del referido mecanismo, algo que podría suceder en enero de 2026, según un borrador de propuesta. Entre 2023 y 2026 podría utilizar un sistema simplificado “con el objetivo de reducir el riesgo de impactos disruptivos en los flujos comerciales y aliviar la carga administrativa inicial”, decía la propuesta. Los ingresos se destinarían al presupuesto de la UE.

La industria del sector energético también ha pedido la introducción del referido mecanismo de ajuste, pero muchas empresas quieren que la herramienta sea un complemento de la alternativa a las asignaciones gratuitas que ahora obtienen como un escudo contra las fugas de carbono. Ese es otro punto conflictivo que los responsables políticos deberán abordar.

Dadas todas las sensibilidades, el proyecto de reglamento aún puede cambiar incluso antes de que sea adoptado por la Comisión en julio. Una vez presentado, tendrá que ser aprobado por el Parlamento Europeo y por los estados miembros para convertirse en ley. Ese proceso implica negociaciones que pueden durar hasta dos años.

Según el borrador, los importadores de los sectores afectados deberán comprar certificados de emisión electrónicos regulados y homologados por el comercio de emisiones (el programa que fija límites máximos a los derechos anuales en la UE). Cada certificado del mecanismo corresponderá a una tonelada de emisiones incrustada en los bienes importados.

El alto coste de los derechos de emisión

El costo de las emisiones en el mercado de carbono de la UE se ha multiplicado por diez en los últimos cuatro años (al reducirse la abundancia de los derechos disponible. por las políticas de la Comisión), ya que la UE reforzó el programa al intensificar la acción climática. Los permisos de referencia para emitir subieron a un máximo histórico de 56,90 euros el 14 de mayo y finalizaron el día en 51,40 euros el miércoles.

Antes eran tan baratas, que muchas dudaron de su eficacia.

El precio de los certificados del mecanismo de ajuste se fijará estableciendo el promedio de los precios de cierre de todas las subastas gubernamentales de permisos de carbono durante cada semana, según el borrador.

Excepciones, los riesgos de no presentarlos

«En caso de que las emisiones reales no se puedan verificar adecuadamente, incluidos los casos en que el declarante autorizado no haya presentado la información necesaria, el número de certificados que se entregarán se determinará de acuerdo con los valores predeterminados», señala la Comisión en el borrador. que aún puede cambiar antes de la publicación.

Si las emisiones incorporadas se originan en un país en el que ya se dispone de un sistema que pone precio del carbono, el importador tendría derecho a reclamar una reducción en el número de certificados a entregar. Tal aplicación tendría que estar en consonancia con un sistema especial de certificación del precio del carbono que la comisión diseñará por separado.

Los importadores se enfrentarán a una sanción por incumplimiento del reglamento, según el borrador. Tendrán que pagar tres veces el precio promedio de los certificados en el año anterior por cada certificado que no haya entregado.

Fuente: La Vanguardia