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La UE logra un acuerdo sobre las normas PAC que se aplicarán desde 2023

Los países de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado este viernes un acuerdo provisional sobre las reglas regirán el funcionamiento de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2023, con la que el bloque quiere aumentar la contribución del sector agrario a la lucha contra el cambio climático y al Pacto Verde.

Han sido necesarios tres años de negociaciones entre los Estados miembros y los eurodiputados para desbloquear los tres reglamentos de la nueva PAC, que introducirá como grandes novedades los llamados ecoesquemas y un nuevo modelo de gestión basado en los planes estratégicos nacionales.

«¡Me produce una gran satisfacción poder decir que lo hemos conseguido!» ha anunciado en la red social Twitter el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, quien ha admitido que hubiese deseado un «resultado diferente» en algunos aspectos a pesar de que está «contento» con el acuerdo alcanzado a nivel general.

La PAC es la mayor partida del presupuesto comunitario con una dotación de 380.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, A España le corresponden unos 37.000 millones en pagos directos para los agricultores y ganaderos y casi 8.000 millones para desarrollo rural durante los siete años.

El acuerdo ha sido logrado entre el equipo negociador del Parlamento Europeo y el gobierno de Portugal, que hasta finales de este mes actúa en representación de los Veintisiete como presidencia de turno de la UE. Los ministros de Agricultura de los Estados miembros se reúnen el lunes y el martes de la próxima semana para valorar los detalles y decidir si dan su visto bueno.

De cara a esa reunión, el jefe de equipo negociador del Parlamento Europeo, el eurodiputado alemán Norbert Lins, ha pedido en una rueda de prensa a los responsables de Agricultura de los Veintisiete que «acepten» un acuerdo que «puede que no sea perfecto» pero sí es «un buen compromiso».

«La PAC será más justa, más sostenible y buena para los productores. Asegura que el campo sea atractivo y da a los agricultores y ganaderos incentivos para hacer más para proteger el medio ambiente», ha defendido.

NUEVO MODELO DE GESTIÓN Y ECOESQUEMAS

La nueva PAC introducirá un nuevo modelo de gestión que estará basado en los planes estratégicos nacionales que elaborarán los gobiernos del bloque en función de una serie de objetivos e indicadores comunes. Estos planes tendrán que ser examinados y aprobados después por la Comisión Europea.

La otra gran novedad de la PAC que se aplicará a partir de 2023 será la introducción de los nuevos regímenes ecológicos o ecoesquemas, un nuevo pago que los países tendrán que ofrecer obligatoriamente a sus productores, aunque estos podrán decidir si se acogen a ellos o no.

Estas nuevas ayudas buscan compensar a aquellos agricultores y ganaderos que adopten prácticas beneficiosas para el medio ambiente que sean más ambiciosas de los requisitos obligatorios y su dotación mínima ha sido precisamente el gran obstáculo de las negociaciones.

Las posiciones de los Estados miembros y de los eurodiputados estaban alejadas, porque los primeros querían que se reservara un 20% de los pagos directos a estos ecoesquemas, pero los segundos reclamaban un 30%. El punto intermedio ha sido la solución de compromiso: se tendrá que dedicar un 25% de las ayudas directas a estos nuevos regímenes ecológicos.

A cambio de este porcentaje, los Veintisiete han logrado establecer una serie de cláusulas de flexibilidad para que este dinero no se pierda en caso de que sea imposible llegar a dicho umbral. Así, las dos instituciones han pactado un periodo de aprendizaje de dos años el que se podrá destinar solo un 20% a los ecoesquemas, entre otras cuestiones.

MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS

Además de los regímenes ecológicos voluntarios, otro aspecto que ha dividido hasta el último momento a los eurodiputados y las capitales es establecer un mecanismo para hacer que las ayudas de la PAC estén mejor repartidas. El acuerdo provisional estipula finalmente en este punto que al menos un 10% de los pagos directos tendrán que estar destinados a pequeñas y medianas explotaciones.

Para ello, los Estados miembros podrán crear un pago extraordinario o también podrán optar por reducir progresivamente los pagos a partir de los 60.000 euros por explotación y limitarlo a 100.000 euros. Bruselas había planteado que esta segunda opción fuera obligatoria, pero la idea contó con la oposición de los gobiernos europeos.

Por último, el tercer gran escollo de las negociaciones ha sido la «dimensión social» que el Parlamento Europeo ha abogado por incluir las normas de la PAC. Finalmente, el pacto entre las dos partes contempla la creación de un mecanismo para «conectar desde 2025 como muy tarde a los inspectores laborales nacionales con las agencias de pagos de la PAC» para sancionar posibles infracciones de las normas laborales en el campo.

Fuente: Europa Press