La meteórica subida de los precios de la energía sigue metiendo presión al Gobierno para buscar vías alternativas de financiación con las que bajar la factura de los ciudadanos y las empresas de gran consumo. Estas últimas han puesto sobre la mesa del ministerio para la Transición Ecológica que encabeza Teresa Ribera una nueva propuesta para capear la escalada en el mercado mayorista. Se trata de una moratoria en el pago de los derechos de emisión de CO2, una tasa que recauda el Ministerio de Hacienda y que, al cierre del año pasado, supuso una inyección de más de 2.200 millones de euros para las arcas públicas.
El coste de los derechos de emisión lleva instalado en niveles máximos desde 2021. Esta trayectoria conlleva un abrupto incremento de costes para las instalaciones que emiten CO2 (principalmente gas y carbón) y que deben pagar la ‘tasa verde’ que grava las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero. Este impuesto mete presión a los precios en el mercado mayorista (pool en el argot del sector) y acaba contagiando a la factura eléctrica de los consumidores.
Si en 2020 el precio anual medio de la tonelada de CO2 se situó por debajo de los 25 euros, el pasado ejercicio rompió todas las previsiones al registrar un promedio anual de 53,55 euros/tonelada, alcanzando un pico máximo de más de 79 euros en diciembre, según datos recopilados por SendeCO2, compañía especializada en el asesoramiento y la compraventa de derechos de emisión.
Con este escenario de precios, los ciclos combinados, que queman gas para producir energía, estarían haciendo frente a un sobrecoste de hasta 30 euros por megavatio producido cada hora. La cifra es todavía mayor en el caso del carbón. Dado que en España el precio del MW lo marca la última tecnología en entrar al pool, en las horas en que este papel le corresponde al gas o el carbón, el consumidor acaba pagando el efecto de la escalada del CO2. La gran industria, que copa más del 60% de la demanda total de gas en nuestro país, ha puesto sobre la mesa de Ribera la posibilidad de aprobar una moratoria de derechos de CO2.
Está por ver si Transición Ecológica toma nota de esta propuesta, pues supone un capote para la industria intensiva en gas, algo que chirría con la disciplina verde del ministerio. Todo a apunta a que el Ministerio de Hacienda podría recelar de la iniciativa, dado que la moratoria obligaría a la cartera que dirige María Jesús Montero a renunciar, al menos de forma temporal, a una partida multimillonaria, toda vez que la espiral alcista del precio del CO2 ha catapultado la recaudación del Estado por este concepto a niveles récord.
Hacienda recaudó más de 2.246 millones en 2021 por los derechos de emisión de CO2, casi el doble que en el año anterior, cuando ingresó 1.156 millones
El Gobierno ha pasado de ingresar 1.156 millones de euros en 2020 gracias a las subastas de derechos de emisión, a embolsarse más de 2.246 millones en 2021, según el último informe de ejecución presupuestaria que actualiza el Ministerio de Hacienda. El sector espera que la recaudación al cierre de 2021 sea todavía mayor, ya que el último informe disponible corresponde al mes de noviembre, por lo que las tablas del departamento que pilota Montero aún no han computado el pico que experimentó el CO2 el pasado diciembre.
Ese ingreso ‘extra’ de más de 1.000 millones podría quedarse pequeño al lado de las previsiones del mercado de derechos de emisión para este año. La ofensiva militar de Rusia en Ucrania ha disparado a niveles récord los precios del gas y los hidrocarburos que, a su vez, han contagiado al recibo de la luz. Según los datos de SendeCO2, en lo que va de año, el precio medio de los derechos de emisión supera los 84 euros. El pasado febrero, cuando Moscú dio la orden de invadir Ucrania, el coste mensual de la tonelada de CO2 fue de 90,79 euros, más del triple que hace dos años.
El capote que supone para las arcas públicas a la escalada del CO2 es proporcional al roto que esta subida le abre a las cuentas de los grandes grupos industriales de nuestro país. Acerinox, ArcelorMittal o Celsa, por citar solo a unas pocas, se han visto obligadas a frenar su actividad en los últimos días ante el descontrol de precios de la energía. Es por ello que las distintas patronales de los gigantes electrointensivos y de las compañías de gran consumo de gas han sugerido por la vía oficial a la vicepresidenta Ribera que ponga en marcha la citada moratoria, al menos, hasta que se alivie el desbarajuste del pool.
Fuente: La Información
