El Gobierno ha reconocido una partida de 2.246 millones por las subastas de derechos de emisión de 2021, una inyección que ha elevado la recaudación total a costa del sector energético a 14.150 millones
El Ministerio de Hacienda ha constatado lo que era un secreto a voces. El Gobierno se embolsará este año más de 2.246 millones por las subastas de derechos de emisión de CO2 en pleno caos eléctrico. La cifra se traduce en un ingreso extra para las arcas públicas de más de 1.000 millones respecto al pasado ejercicio, cuando dicha partida apenas rozó los 1.156 millones, lo que en términos relativos supone disparar los ingresos fiscales del Gobierno un 94,3% solo a consecuencia del encarecimiento del coste del CO2.
Precisamente el aumento de los ingresos por el alza del carbono fue la causa del gran enfrentamiento entre el Gobierno y las mayores eléctricas del país, después de que el Ejecutivo sacase adelante en el Congreso la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, con Teresa Ribera al frente, de confiscar el exceso de retribución de estas empresas a causa del incremento del CO2. La medida quedó en papel mojado, pero la subida de los derechos de emisión sí ha reportado un beneficio millonario a las cuentas públicas.
Esa inyección de más de 2.200 millones ha sido determinante a la hora de elevar la recaudación a costa del sector energético. En suma, el Gobierno ha ingresado 14.150 millones por las aportaciones fiscales de este segmento, sin incluir el IVA y contando con el beneficio de los derechos de emisión de carbono. Así lo refleja la información oficial sobre ejecución presupuestaria que actualiza cada mes el Ministerio de Hacienda. La cifra ha quedado recogida en el último informe disponible, correspondiente al pasado mes de noviembre, por lo que la recaudación al cierre de diciembre podría ser todavía mayor.
De forma desgranada, los datos de ejecución publicados por el ministerio que dirige María Jesús Montero han aflorado un ingreso de 9.514 millones por la importación de hidrocarburos, frente a los 8.597 millones de 2020. La rebaja del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), que grava la fabricación e importación del gas, ha sido uno de los clamores del sector gasista en sus negociaciones con la vicepresidenta tercera. El Gobierno se ha resistido a tocar este impuesto, pese a la persistencia de un mercado desbocado donde la cotización media del gas se ha cuadruplicado, hasta situarse en 42,78 euros el megavatio hora frente a los 9,40 euros/MWh de hace un año.
Hacienda ingresará 14.150 millones por la aportación fiscal del sector energético, en un año en el que el enfrentamiento entre el Gobierno y las grandes eléctricas ha marcado el curso político
La instantánea que ofrece Hacienda a 30 de noviembre da cuenta del recorte a la recaudación que ha supuesto la activación del escudo fiscal para los consumidores de luz, un balón de oxígeno que el Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de abril. Así, el Estado ha ingresado 1.070 millones por el impuesto a la electricidad, 70 millones menos que el pasado ejercicio. Las arcas públicas también se han anotado 1.203 millones, del impuesto sobre la producción de la energía eléctrica y el impuesto del almacenamiento del combustible nuclear, frente a los la producción de la energía eléctrica y del almacenamiento del combustible nuclear.
A las partidas ya relatadas hay que añadir los ingresos por el IVA sobre la electricidad y el gas. El Gobierno aprobó la reducción del tipo del IVA aplicable al recibo de la luz del 21% al 10%. En cuanto al segundo, el Ejecutivo ha optado por mantenerlo en el 21%. El informe de Hacienda no desagrega este tributo, lo que impide cuantificar la aportación del sector energético al total. En conjunto, Hacienda ha elevado la recaudación por este impuesto de 25.560 millones a 35.000 millones en un año.
La crisis del mercado eléctrico ha marcado el curso político. Muestra de ello es el entusiasmo con el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó su promesa de igualar la factura de la luz de este año a la de 2018. Sánchez se hizo eco del mecanismo aritmético que ha permitido al Ejecutivo insistir en este mantra durante los últimos meses, que no es otro que aplicar los datos actuales de la inflación a los 608 euros del recibo eléctrico medio que los españoles pagaron en 2018. Esta aritmética sostiene la promesa del Gobierno, pero no cose el roto que la escalada de la luz abre a los 11 millones de consumidores acogidos al mercado regulado -el famoso PVPC- que, pese a la matemática del inquilino de La Moncloa, pagarán «algo más» por la luz que hace tres años, tal y como reconoció el propio Sánchez.
Fuente: La Información
