Desde el inicio de la pandemia, el precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), obligatorios para aquellas empresas cuyas actividades están sujetas al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), se ha multiplicado por cuatro. En febrero de este año alcanzó un precio medio de más de 90 euros, cuando en 2018 fue de aproximadamente 15 euros, y en 2019 y 2020 de casi 25 euros, y de 53 euros en 2021.
La Unión Europea, para conseguir su objetivo climático, que pasa por reducir para 2030 un 55% sus emisiones con respecto a 1990, y alcanzar la neutralidad en carbono en 2050, cuenta con mecanismos como el RCDE. Este entró en funcionamiento en 2005 y limita las emisiones de las instalaciones de alto consumo energético y del transporte aéreo entre países de la UE. El RCDE, que actualmente aplica al 40% de las emisiones de la UE, asigna un precio a las emisiones contaminantes y es el principal mercado de carbono del mundo. Es el de mayor tamaño y funciona según el principio de limitación y comercio.
Las causas del incremento son diversas, algunas coyunturales, como el aumento del precio del gas y el petróleo, sin descartar otras vinculadas a especulación. El CO2 se ha convertido en un activo financiero al que acuden todos los operadores del mercado, incluidos fondos oportunistas, aprovechando la situación de los precios mundiales de las materias primas. Un incremento en los precios estaba previsto, pero no tan pronto. Ya cuando se firmó el Acuerdo de París, en 2015, se sabía que el precio subiría de forma radical debido al coste de las transformaciones necesarias para alcanzar el objetivo global de la neutralidad de carbono. La previsión era alcanzar el entorno de los 100 euros un derecho de emisión (equivalente a una tonelada de emisión de CO2) en 2030 y no en 2022.
Y ahí aparece el doble filo. Por un lado, los actuales precios ya están haciendo que sean rentables algunas tecnologías verdes que hasta ahora no lo eran, con lo que apostar por ellas ya no se interpreta con recelo en muchos consejos de administración porque les permite ganar dinero siendo más sostenibles. Este es un gran avance en la lucha contra el Cambio Climático y será una palanca de crecimiento para muchas empresas.
Pero, a la vez, este aumento del precio de CO2 puede hacer que muchas empresas no puedan pagar por los derechos de emisión adquiridos, teniendo consecuencia en forma de ajustes laborales, cierres o deslocalizaciones fuera de la UE. Esto puede generar, en el corto plazo, lo que los expertos definen como “fugas de CO2” fenómeno por el que las empresas más contaminantes podrían desplazar su producción a otros países en los que los objetivos de reducción de emisiones sean menos ambiciosos. No obstante, a medio y largo plazo, se espera que la heterogeneidad del nivel de ambición entre países desaparezca debido a la universalidad de los objetivos del Acuerdo de París.
Las administraciones son conscientes de esta situación. La propuesta Fit for 55 de la Comisión Europea, vinculada a que la UE cumpla con los objetivos sobre “Legislación europea sobre el clima”, pone el hincapié en dar soporte a los actores en su transición a una sociedad cero emisiones. En concreto, reformará el sistema de comercio de emisiones de 2005, mientras se invitará a los productores de energía a elegir tecnologías menos contaminantes, en lugar de pagar un precio por tonelada de CO2 emitida. Otra medida es la previsión de un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono para prevenir la transferencia de la producción de la UE y las fugas antes mencionadas.
En definitiva, dediquémosle atención y tiempo a la progresión y los cambios que se den en el mercado del CO2, ya que es una de las herramientas fundamentales para conseguir que nuestros objetivos en la lucha contra el cambio climático se cumplan.
Fundación Privada Empresa y Clima
