• La UE reforma su norma de ayudas de Estado para impulsar la inversión ecológica
• Los países de la UE tendrán hasta 2024 para adaptarse a las nuevas directrices
En la transformación de la economía para alcanzar la neutralidad climática en Europa de aquí a 2050 cada euro cuenta, por eso la Comisión Europea presentó el pasado martes una reforma de las normas de competencia que regulan las ayudas de estado que aspira a impulsar la inversión pública en políticas verdes. «Las normas de competencia no están a la cabeza de la lucha contra el cambio climático, pero hay un amplio consenso en que desempeñan un papel de apoyo muy importante,» explicó la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea al cargo de Competencia, Margrethe Vestager, «lo que decidimos financiar con el erario público es realmente importante, para bien o para mal. Las nuevas directrices aprobadas hoy tratan de aumentar lo bueno y limitar lo malo», añadió.
Estas nuevas directrices sustituirán a las actuales y estarán en vigor desde principios del año que viene, aunque los países de la Unión Europea tendrán hasta 2024 para adaptarse. Las nuevas normas establecen los criterios que Bruselas aplicará a la hora de evaluar las ayudas de estado en el marco de la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente y la energía, y delimitarán cuándo puede considerarse que estas son además compatibles con el funcionamiento mercado único.
El nuevo reglamento permiten ayudas de hasta un 100% del déficit de financiación en el ámbito de las tecnologías que contribuyan a reducir y prevenir las emisiones en diferentes sectores, desde las energías renovables hasta la descarbonización industrial. También se amplían el margen de ayudas a ámbitos como la protección de la biodiversidad, la economía circular, la gestión de residuos, o la movilidad limpia. Estas directrices introducen además nuevas reducciones en los gravámenes sobre la electricidad para los grandes consumidores de energía para evitar que trasladen sus actividades a otros países con estándares medioambientales más bajo, a cambio de compromisos para reducir su huella de carbono.
El objetivo es además reducir las trabas. De hecho, la Comisión eliminará el el requisito de notificación individual para grandes proyectos ecológicos que se enmarquen en regímenes de ayuda previamente aprobados. Busca además garantizar la coherencia con los objetivos del pacto, por ejemplo desincentivando la inversión en combustibles fósiles o en actividades que puedan tener un impacto nocivo para el medio ambiente, además de introducir nuevas salvaguardas para garantizar que la ayuda se destine efectivamente donde sea necesaria. «Nuestro objetivo es, y seguirá siendo, eliminar progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles, incluido el gas», aseguró Vestager.
A pesar de que esto supone que Bruselas reconoce la posibilidad de dirigir financiación pública al gas, el anuncio llega antes que la decisión de la Comisión sobre la taxonomía, que define qué puede considerarse como inversión verde, se retrasa. Bruselas debía determinar precisamente si el gas natural o la energía nuclear pueden incluirse en este marco antes de acabar el año. Con los países de la UE divididos sobre la cuestión, el ejecutivo comunitario continuará con las consultas y no desvelará su postura hasta principios de 2022.
Fuente: El Economista
