Fundación Empresa & Clima

Un comité de expertos de la UE ha dado hoy su respaldo a la propuesta de la Comisión Europea (CE) para regular el sistema comunitario de comercio de derechos de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) a partir de 2013, que incluye ayudas para facilitar la participación de las aerolíneas en el mismo.

Los Veintisiete han apoyado hoy el borrador de la normativa para la tercera fase de dicho sistema, que comenzará en 2013, así como ayudas para los operadores aéreos a partir de 2012, en el Comité de Cambio Climático de la UE, según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La comisaria europea de Cambio Climático, Connie Hedegaard, destacó que la CE "hubiera preferido una única plataforma", aunque "algunos Estados miembros insistieron en tener su único" sistema.

No obstante, Hedegaard se mostró "satisfecha" porque los Estados miembros "han encontrado un compromiso que ofrece una sólida base jurídica" para el sistema de subastas, de la que los países se pueden desvincular (a través de la opción del "opt-out") siempre que ofrezcan garantías del correcto funcionamiento de su mercado de los derechos de emisión.

La nueva herramienta, desarrollada por la Agencia Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), respeta los parámetros fijados por la directiva sobre ETS de 2007 y simplifica los requisitos administrativos que tienen que cumplir las compañías al permitirles modificar su modelo de consumo en conjunto en lugar de obligarles a medir cada vuelo.

El Ejecutivo comunitario señala que esta medida ha sido diseñada especialmente para facilitar el control de sus emisiones a los "pequeños emisores", es decir, a las compañías que operan un número limitado de vuelos al año o que no superan ciertos niveles anuales de dióxido de carbono (CO₂).

No obstante, la CE aclara que la herramienta también podrá ser utilizada por otras compañías para calcular el consumo de combustible en áreas en las que aún no disponen de datos.

La Comisión Europea enviará ahora el borrador del texto al Parlamento Europeo (PE) y al Consejo de la UE, que tendrán un período de tres meses para examinarlo y presentar objeciones.

Fuente: EFE