Fundación Empresa & Clima

Con la aprobación del Acuerdo de Copenhague, el marco jurídico mundial sobre cambio climático ha sufrido un revés sin precedentes.  Si bien es cierto que dicho Acuerdo ha supuesto un paso adelante por la incorporación de ciertos países emergentes como China, India, Sudáfrica, Brasil a la estrategia mundial sobre cambio climático, así como el acercamiento de Estados Unidos a dicha política, tampoco podemos obviar que la sensación de frustración y fracaso en el seno de Naciones Unidas y en la propia Unión Europea, ha sembrado de dudas el futuro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y del Protocolo de Kioto.

Conviene destacar, no obstante, que como consecuencia del Acuerdo de Copenhague, más de 43 países industrializados y 32 países en vías de desarrollo han presentado, en el primer trimestre de 2010, planes que muestran un cambio de rumbo significativo respecto de su posición y políticas para el control de emisiones. Si para algo ha servido el Acuerdo de Copenhague ha sido para tomar conciencia del verdadero status de la lucha contra el cambio climático en el mundo y para reclasificar el papel de cada uno de los actores globales en la materia. Como mínimo, más del 80% de los países responsables del calentamiento global se han decidido a tomar medidas para proteger el clima y reducir las emisiones, y eso ya es un paso importante.

Sin desechar el papel jugado hasta la fecha por la CMNUCC y por el Protocolo de Kioto, parece inevitable la necesidad de impulsar un nuevo paradigma en la escena mundial que estabilice las reglas de juego y reordene las funciones, derechos y obligaciones de sus actores. En otras palabras, resulta urgente recomponer el marco jurídico global en la materia y redefinir los roles y funciones de sus principales protagonistas.

Por ello, el nuevo contexto mundial exige, más que nunca, una demostración de liderazgo y unidad de la Unión Europea.  Cierto es que la “vieja Europa” se encuentra inmersa en una grave crisis económica, derivada de las prácticas especulativas en los mercados financieros y de los déficits públicos desbordados. Pero ello no debería ser obstáculo para que la Unión Europea retome las riendas del proceso y marque de nuevo el rumbo tanto para los Estados miembros como para la comunidad internacional. Son muchos los países africanos, asiáticos,  latinoamericanos y europeos en vías de desarrollo que identifican a Europa con el modelo a seguir y que esperan el apoyo de las empresas europeas en sus proyectos CDM (Mecanismos de Desarrollo Limpio) y JI (Implementación Conjunta).  Europa no puede ni debe defraudarles. Y tampoco puede permitirse volver a quedarse aislada en las negociaciones de los líderes mundiales y fuera de los centros de decisión. Bien al contrario, Europa y sus empresas globales y nacionales deberían asumir el reto y aprovechar las oportunidades que se les brindan, retomando nuevas estrategias y acciones y desplegando su liderazgo y experiencia en los tres instrumentos tradicionales de lucha contra el cambio climático: los acuerdos convencionales, el tratamiento impositivo y el mercado de carbono basado en el “cap & trade”.

El triple compromiso comunitario de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 20%, de utilizar el 20 % de energías renovables de aquí a 2020, así como de aumentar la eficiencia energética un 20 % para 2020, se erige en esta línea de liderazgo y preeminencia.  Pero no basta con proclamar los objetivos, hay también que cumplirlos, dando ejemplo al resto de la comunidad internacional de su capacidad y firme compromiso.

En Europa, el objetivo final debería ser, respecto de las emisiones de GEI y de la industria, alcanzar un mercado global de derechos de emisión, independiente de la localización de las instalaciones y que fuera neutro para la competencia.  Los mecanismos de mercado implementados por la Unión Europea en este ámbito se han recogido en una serie de directivas y decisiones que están sirviendo para homogeneizar las variables del mercado y para poner precio a cada tonelada de CO2 emitida en el ámbito comunitario, eliminando las distorsiones generadas por las asignaciones nacionales; pero tales medidas si bien llevan la dirección adecuada, no han permitido aún la creación de un mercado totalmente eficiente.

No obstante y a pesar de los esfuerzos europeos, invertir en la reducción de GEI ha resultado para la mayoría de agentes económicos mucho menos atractivo tras el fracaso de la cumbre de Copenhague. Ello, porque los nubarrones en materia de estrategia global han sembrado de dudas el mercado y el futuro del cambio climático.  Con toda seguridad, lo que más perjudica a los mercados de carbono es la incertidumbre y un contexto regulatorio inestable y cambiante como el actual. 

En tales circunstancias, la mayoría de inversores han dirigido su atención, pese a la crisis económica, a los proyectos sobre energías limpias y renovables. Así por ejemplo, algunos bancos de inversión han optado por abandonar transitoriamente los mercados de emisiones para concentrarse en proyectos más tangibles en materia de energías renovables y eficiencia energética, donde la inversión en bienes inmobiliarios y activos fijos reduce hasta cierto punto, el riesgo del inversor.  Tales proyectos, además de constituir una inversión en tecnología de futuro, tienen la ventaja suplementaria de contar con el decidido apoyo de las administraciones públicas en determinados países. Hasta que la próxima cumbre sobre cambio climático no despeje las incertidumbres, dudo que podamos volver a la normalidad en los mercados de comercio de emisiones.

Por estas razones, la industria europea ha de superar tres desafíos cruciales para alcanzar con éxito su propia revolución tecnológica. 

Primeramente ha de conseguir reducir significativamente sus emisiones, abordando de forma decidida la implantación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y la inversión en programas de I+D+i para el desarrollo de nuevas tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. En segundo lugar, la incorporación de biocombustibles rentables y sostenibles en los procesos productivos, que sustituyan lo antes posible a los combustibles fósiles debería ser también uno de los objetivos prioritarios de la industria europea. Por último, la proliferación de una política estable en materia de programas REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) en los países desarrollados constituiría el tercero de los objetivos a perseguir, con importantes implicaciones en el medioambiente, el mantenimiento de la biodiversidad, el equilibrio territorial y el cambio climático.

Para la consecución de esos tres objetivos, se adivinan cuatro grupos de medidas igualmente aplicables para el área europea como para el resto de la comunidad internacional, a saber:  (i) La implantación y combinación a gran escala de tecnologías generadoras de energías renovables utilizables en todos los sectores económicos en general; (ii) la aplicación de incentivos temporales de carácter decreciente que apoyen el I+D+i  sin generar competencia desleal ni permitir que las tecnologías se acomoden en las tarifas subvencionadas; (iii) la eliminación de barreras administrativas, de acceso a las redes eléctricas, reducción de costes y planes de formación para posibilitar la aceptación social y la eficacia del mercado, y por último, (iv) la consecución de un marco regulatorio transparente, estable y predecible que aporte seguridad jurídica a los inversores y facilite la ejecución de proyectos y el comercio de emisiones. 

Con la implementación de estas tecnologías y la racionalización de los usos energéticos, se debería lograr tanto un aumento de la competitividad industrial como el fomento del empleo y la consecución de un mercado europeo que pudiera servir de modelo a seguir para el resto de los países en desarrollo y un incentivo para los estados receptores de proyectos de reducción de emisiones.
 
Pese a la crisis, seguirán habiendo empresas globales y nacionales capaces de  sobreponerse a la situación actual. Empresas locales y transnacionales que sabrán anticiparse a los acontecimientos y que implementarán proyectos en materia de uso y desarrollo de energías limpias, de eficiencia energética y de reducción de emisiones.  Estas serán las empresas que se posicionarán en el futuro inmediato como líderes de su sector.

Josep M. Balcells
Abogado de Baker & McKenzie, Barcelona.
Colaborador de la Fundación Empresa & Clima.