SALA DE PRENSA

El recurso del Gobierno al TC impide a la Generalitat combatir el cambio climático

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Llei de Canvi Climàtic de la Generalitat deja a esta comunidad sin capacidad ni instrumentos para combatir este problema. Esta es la interpretación que hacen los expertos de la Administración autonómica que elaboraron los primeros documentos de esta ley, y que salió adelante con una mayoría que rozaba la unanimidad. Esta decisión fue censurada duramente por Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (Idris, por sus siglas en inglés, prestigioso centro de estudios francés).

“Es incompresible; maniatan por completo a una Administración para combatir el cambio climático, pese a los compromisos internacionales de España”, señalan expertos de la Administración autonómica. “Incluso, se ha presentado impugnación contra acciones que ya estaban siendo desarrolladas por la Generalitat, que eran de conocimiento del Gobierno central, y que se impugnan ahora cuando se pone en el texto de una ley”, añaden.

El recurso impugna un impuesto destinado a gravar las emisiones del CO2 de los coches invocando la necesidad de reducir las emisiones y mitigar el cambio climático. La introducción del nuevo impuesto se llevaría a cabo de forma paulatina a partir del 2018, y debía servir para nutrir dos fondos: uno, para favorecer la energía y el transporte limpio, y otro para la conservación del patrimonio natural.

Se lo imaginaban, en parte

Los autores del texto de la ley catalana se imaginaban que el Gobierno recurriría algunos artículos de la ley catalana, como la petición de una territorialización de los ingresos que obtiene el Estado por las subastas de los derechos de emisión de la gran industria (térmicas, siderurgia, cementeras, vidrio…), que paga por estos ‘permisos’ por emitir CO2 y entrega a las arcas del Estado más de 400 millones de euros al año. En este punto, la Generalitat, siempre ha reclamado un reparto de estos fondos entre las comunidades para afrontar las políticas contra el cambio climático bajo su competencia (transporte limpio, fuente renovables…).

También era imaginable que el Gobierno recurriera el artículo de la ley que sitúa el fin del funcionamiento de las nucleares en Catalunya en el año 2027 o que quisiera para sí la competencias en materia de acreditación a las empresas encargadas de la verificación de los informes anuales de emisión de las instalaciones incluidas en el sistema europeo de comercio de derechos de emisión.

Estrategias y planes atacados

Lo sorprendente es que el Gobierno también ha impugnado el llamado presupuesto de carbono de Catalunya, una planificación de las emisiones de gases generados en por las diversas actividades (transporte, edificación…) y cuya misión era fijar unos objetivos y evaluar periódicamente la reducción de los gases arrojados al aire.

Los técnicos también quedan atónitos ante el hecho de que el recurso arremeta contra la facultad para hacer inventarios de gases invernadero, que es algo que se viene haciendo desde hace años y cuya fuente base es el inventario español desagregado por comunidades autónomas.

La impugnación también cuestiona la capacidad de la Administración catalana de fijar planes de adaptación al cambio climático, cuando es algo que viene realizando desde el año 2012, año de aprobación de una de las primeras estrategias regionales de adaptación, y que está incluida en la plataforma de adaptación del Gobierno español como un caso de referencia.

“Si se nos impiden fijar objetivos, ni estrategias de mitigación ni adaptación al cambo climático, estamos ante un intento de impedir que estas políticas prosperen en España”, dicen las mismas fuentes.

Patrimonio del Parlament a recuperar

La catalana de cambio climático ha sido considerada como una norma moderna y también un ejemplo de consenso político y participación social. La aprobación de la ley contó con 122 votos favorables y 11 abstenciones (PP populares) que la avalaban con creces.

“La promulgación y el apoyo a esta ley ambiental es un patrimonio político del Parlamento que hay que preservar y emplear para detener el recurso de inconstitucionalidad”, dice Manuel Cunill, ambientólogo y presidente del Obrador del Tercer Sector Ambiental de Cataluña(O3SAC).

“Un ataque al progreso ambiental”

El recurso del gobierno de Mariano Rajoy afecta a 26 artículos y 7 disposiciones de la ley catalana de cambio climático. “Si tenemos en cuenta que el texto legal tiene 56 artículos, la acción del gobierno español atenta casi el 50% de la ley de Cambio Climático”, dice Manuel Cunill.

“Más que un conflicto de competencias, se vislumbra una nueva manera de censurar las políticas de progreso ambiental para contentar a los lobbys energético y motorizado. La ofensiva ambiental del Estado es un ataque frontal a la implementación de las energías renovables y las medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de los contaminantes del aire”, añade Cunill.

Para él, la pretensión de impugnar el artículo 19 de la ley catalana de cambio climático es lo “más letal”. En este artículo de la ley, “se recoge el objetivo más ambicioso y determinante como es la transición energética hacia un modelo cien por cien renovable, sin nucleares y descarbonizado, neutro en emisiones de gases de efecto invernadero, que reduzca la vulnerabilidad del sistema energético catalán y garantice el derecho al acceso a la energía como bien común”

Fuente: La Vanguardia