SALA DE PRENSA

Parlamento tramitará la ley que regula emisión de gases de efecto invernadero

El Parlamento de Andalucía ha dado hoy luz verde a la tramitación del proyecto de ley de Cambio Climático que supondrá una nueva regulación de la contaminación por gases de efecto invernadero y se dirigirá a las denominadas “emisiones difusas”, que se encuentran en situación de vacío legal.

Para estas emisiones, que suponen un 55 % de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad, se fija el objetivo mínimo de reducir un 18 % en 2030 el nivel registrado en 2005 de 4,28 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) por habitante y año.

El proyecto de ley, al que no se ha presentado ninguna enmienda a la totalidad, eleva al máximo rango jurídico los planes que la Junta desarrolla desde 2002 contra los efectos de este fenómeno.

Según el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, establece cuotas de emisiones por periodos de seis años para los distintos sectores que generan contaminación difusa, fundamentalmente el transporte, el agrario, la edificación y la vivienda.

“Andalucía necesita incorporar al ordenamiento jurídico una norma que es mucho más que un compromiso político, es una herramienta para mejorar la calidad de vida en el futuro”, ha expuesto.

La norma regula la gestión de residuos, los gases fluorados y las actividades industriales que quedan fuera de la regulación europea.

Estas cuotas, denominadas “presupuestos de carbono”, serán revisables por la Junta en función de los compromisos que se adquieran en el ámbito internacional de las disminuciones logradas o de los impactos económicos y sociales de las medidas.

El texto supone crear la Oficina de Cambio Climático y poner en marcha el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que marcará los objetivos desde el ámbito local y autonómico.

Contempla el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER) y la habilitación del Registro de la Huella de Carbono de Productos y Servicios, que medirá y comunicará las emisiones de los productos o servicios que se ponen en el mercado.

Igualmente, contiene instrumentos voluntarios para la compensación de emisiones de CO2 mediante su absorción por sumideros naturales vinculados a proyectos forestales.

Fiscal ha señalado que fija sanciones para los diferentes tipo de incumplimiento que, en función de su gravedad, podrían alcanzar los 60.000 euros.

La popular Arancha Martín, que ha criticado los retrasos de la Junta al presentar la ley, ha abogado por poner fin a los abusos contra el planeta, ha pedido al Ejecutivo que cuantifique el compromiso contra el cambio climático y que, además de sancionar, la norma debe incentivar su cumplimiento.

“No puede ser una ley del postureo y debe salir con el mayor consenso posible”, ha demandado Martín al consejero.

De “poco ambiciosa y poco valiente” ha calificado Mercedes Barranco (Podemos) la norma, de la que ha criticado que “no plantee” una Andalucía de futuro “ni apueste” por la transición energética hacia las renovables, a lo que ha sumado que el texto es “tímido” para reducir las emisiones difusas y “olvida” el mundo rural.

Para la diputada de Ciudadanos, Marta Escrivá, la ley es necesaria pero “se queda corta” para reducir los gases de efecto invernadero y ha dicho que “no aborda” en profundidad el transporte y la generación eléctrica “ni contiene” una apuesta clara por las energías renovables.

José Antonio Castro (IU) ha apoyado la norma y un cambio en el sistema de producción para hacer posible la reducción de emisiones, aunque ha criticado que la Junta “no tenga” una política global que aborde la movilidad sostenible, la reducción de combustibles fósiles, las energías renovables o la soberanía energética.

El socialista Julio Millán ha esgrimido que el proyecto sitúa a la comunidad “a la vanguardia” de la lucha contra el cambio climático y que concentra en un texto toda la normativa sobre esta materia.

Fuente: La Vanguardia