SALA DE PRENSA

“Es de locos que se haya impugnado la ley catalana de cambio climático”, dice la experta Teresa Ribera

“Es de locos que se impugne la ley catalana de cambio climático”. Así se manifiesta Teresa Ribera, una de las más reconocidas espertas mundiales en la materia, muy crítica con la decisión del Gobierno de presentar un recurso de anticonstitucionalidad contra la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya. La decisión ha sorprendido a numerosos especialistas que habían elogiado la referida ley catalana. En ella se introducía un impuesto de CO2 a los vehículos (que entraría en vigor el año 2018), lo que hubiera generado ingresos para nutrir fondos para favorecer la energía y el transporte limpio, y la protección del patrimonio natural.

Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (Idris, por sus siglas en inglés, prestigioso centro de estudios francés), cuestiona la decisión del Gobierno. “Me parecería bien que el Gobierno se adelantara y se planteara una reforma tributaria para todo el Estado; pero lo que me parece de locos es que no se haga nada y encima se impida que los demás lo hagan”, añade.

Ribera, coordinadora del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, conoció de primera mano la elaboración de la citada ley, y opina que “más allá de la pulcritud de la lectura que se pueda hacer de los títulos competenciales, lo que no puede ocurrir es que el Estado haga dejación de sus funciones”, señala.

Para esta especialista, lo que acaba de hacer el Gobierno español “es negativo, porque manda una mala señal social”, ya que lo que tendría que hacer es una propuesta global para España.

Propuesta global

La presentación de este recurso “es un movimiento negativo porque en materia de cambio climático hay un consenso social, la ciudadanía sabe de lo que se está hablando”. No lo ve justificable. “Es una torpeza inmensa hacer dejación de funciones e impedir que los demás avancen. Es un enorme error político”, opina. Esgrime que a partir de la ley catalana, el Gobierno lo que tenía que haber hecho es “plantear una propuesta global, de unión y consenso”, y aprovechar el debate para lanzar ideas sobre un modelo económico y social para todos los españoles.

Competencias cruzadas

Su opinión es que en asuntos complejos y con competencias cruzadas (adscritas de diferentes administraciones), los debates deben abordarse “con criterios integradores y conciliadores, para lograr que al final encajen las piezas; y si no lo haces, corres el riesgo de dispersión y dar alas a modelos muy diferentes que pueden ser contradictorios entre sí”, añade.

“El origen del problema es que el Gobierno ha abandonado sus propias competencias”, y eso, en este caso, ha sido tanto como “no querer que los demás apuren (la acción) en su propio marco. La Llei de Canvi Climàtic fue la primera ley aprobada en el mandato que presidió Carles Puigdemont.

La opinión de Subirà, o el perro del hortelano

“Esta ley ha sido muy importante y, pese a la división política del Parlament así como las múltiples discrepancias, salió adelante con un apoyo casi unánime”, afirma Marta Subirà, secretaria de Medi Ambient del Govern. “Fue una ley muy trabajada a nivel parlamentario, que merecía mejor fin”, añade. “Es especialmente triste que esta impugnación se haya producido estos días, justo cuando se celebran dos aniversarios importantes: la aprobación del Protocolo de Kioto hace 20 años, y el Acuerdo de París del 2015”, destaca.

“Se impugna en el mismo momento en que el mundo celebra estos dos acontecimientos, en dos documentos que urgen a los gobiernos a actuar de manera inmediata contra el cambio climático y a poner objetivos concretos evaluables”, añade. “La frase que mejor define lo que hace el Gobierno es que actúa como el perro del hortelano: ni come ni deja comer…Si ellos no quieren actuar, al menos que no impidan actuar a los demás en el ámbito de nuestras competencias”, explica Subirá.

“La Llei de Canvi Climàtic es también una demostración de que lo que se está haciendo en Catalunya no es un proceso cerrado y sólo pensando en nosotros mismos, sino que tiene una dimensión global y de corresponsabilización, de solidarizarnos con el futuro del planeta, y demuestra nuestra voluntad de aliniarnos con los países más avanzados”, argumenta.

Dos fondos

La ley preveía introducir un impuesto para gravar las emisiones del CO2 de los coches invocando la necesidad de reducir las emisiones y mitigar el cambio climático. La introducción del nuevo impuesto se llevaría a cabo de forma paulatina a partir del 2018 (para turismos y vehículos comerciales), y con él se penalizaría los coches mediante tramos en función del nivel de CO2 emitido. Los recursos alimentarían un fondo climático así como otro para impulsar la protección del patrimonio natural. En total, se preveía ingresar unos 100 millones de euros al año.

El recurso del Gobierno impugna el impuesto del CO2, con lo que cual el fondo para la protección del patrimonio natural se quedaría sin esos recursos.

“No entendemos que se impugnen artículos sobre finalidades generales de la ley, como el relativo a obtener información objetiva y evaluable sobre todos los aspectos relacionados con el cambio climático, su evolución o sus impactos. ¡No vemos el motivo!. Si se trata de objetivos… Se ha llegado a un nivel de impugnación de cosas ridículas”, se lamenta Subirà.

“Se ha impugnado la capacidad de hacer inventarios sobre emisiones de gases y sumideros, algo que ya se venía haciendo. Lo ponemos por ley, y nos lo impugnan…”, se queja ante una decisión que ve incomprensible.

Fuente: La Vanguadia