SALA DE PRENSA

La UE exige a España reducir sus emisiones de CO2 un 1% de media al año hasta el 2030

¿Es realmente importante o relevante el esfuerzo que exige la UE a España para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030? El asunto ha merecido disparidad de opiniones. El gobierno sostiene que la propuesta presentada por la Comisión Europea exigirá triplicar el esfuerzo que se había demandado hasta ahora, mientras que los grupos conservacionistas estiman que el camino ya está medio recorrido y que la meta es poco exigente e, incluso, han expresado su frustración…La realidad es que la propuesta de la Comisión supone, en la práctica, que los gobiernos de España deberán aplicar medidas que comportarán una reducción del 1% anual hasta el 2030 de las llamadas emisiones difusas, es decir las derivadas de la edificación, el transporte, la agricultura, los residuos y otros sectores que no son la gran industria (sujeta al comercio de emisiones).

Pero vayamos por el principio. La Comisión Europea ha aprobado esta semana una propuesta de reparto interno, por países, para reducir las emisiones de gases invernadero para el periodo 2021-2030 en los sectores no industriales (transporte, edificación, agricultura…). La meta global sigue siendo recortar estos gases un 30% en el año 2030 con respecto al 2005. Conviene insistir en que este plan se refiere sólo a los gases procedentes de las edificaciones, el transporte o la agricultura, entre otras fuentes difusas de CO2.

(Un tratamiento aparte tienen los grandes sectores industriales -producción eléctrica en térmicas, siderurgia, cementeras, papeleras, vidrio, teja…-, sujetos a un sistema de comercio de emisiones regido por planes europeos. Con él, las plantas industriales compran los derechos o créditos para poder arrojar el CO2 a la atmósfera en subastas públicas. Y ya estaba decidido con anterioridad que todo este gran ámbito industrial debe recortar sus gases un 43% para el 2030 respecto al año 2005)

Reparto por países

La propuesta de la UE sobre gases de origen difuso (transporte, edificación, agricultura…) tiene en cuenta las diferentes capacidades de los países y para cumplirla se aplica un criterio de equidad según el PIB per cápita.

El principal esfuerzo lo deberán hacer las naciones más desarrolladas. Así, Bruselas pide a Alemania, primera economía europea, que reduzca sus emisiones en ese período un 38%, mientras que Francia deberá hacerlo en un 37%; Gran Bretaña, cuyo estatus en la UE está en suspenso tras el Brexit, debe recortarlas otro 37%; y en general, las grandes economías ricas deben reducirlos entre un 35% y un 40%.

Y ¿España?

España debe reducirlas un 26% (siempre hablamos del 2030 respecto al 2005). Los grupos conservacionistas se han lanzado a la yugular de la Comisión y apuntan que el esfuerzo que se pide a España es irrisorio, pues las emisiones globales en España han ido bajando en picado por la crisis desde el año 2007.

La Oficina Española de Cambio Climático

La Oficina de Cambio Climático tiene otra opinión. Afirma que España “ha logrado reducir las emisiones difusas” (edificación, transporte…) un 12% hasta el 2014 (respecto al año 2005), y que esto se ha dado en un período de crisis, por lo que a partir de ahora “se debe acometer un esfuerzo adicional de 14 puntos, en un escenario de crecimiento económico” (hasta completar ese -26%). Por lo tanto, en los 16 años que quedan en este horizonte (entre 2014 y el 2030) los gobiernos deberán abordar un recorte complementario de 14 puntos porcentuales. “Por tanto, consideramos que es un objetivo muy ambicioso que exigirá medidas adicionales”, dice la Oficina Española de Cambio Climático dirigida por Valvanera Ulargui.

(Hasta el año 2020, y atendiendo a los objetivos anteriores, España estaba obligada por los planes europeos a reducir sus emisiones difusas un 10%. Y ya ha superado esa meta, pues los ha reducido un 12% en el 2014, ¡ocho años antes de acabar el plazo!, y todo ello por la crisis).

Fórmulas flexibles:bosques como sumidero

La propuesta de la Comisión (que aún debe refrendar el Europarlamento y el Consejo) permitirá echar mano de varias fórmulas para facilitar la tarea. En concreto, la principal es que se introducen sistemas que permitirán contabilizar y descontar en los inventarios de gases el crecimiento de los bosques (sumideros que absorben y neutralizan el carbono), una solución criticada por cuanto se aminora el esfuerzo real para frenar las emisiones y combatir el calentamiento.

En total, la UE podrá aplicar en este período descuentos de hasta 280 millones de toneladas de CO2 justificando mejoras en los balances de las actividades forestales, gestión de tierras agrícolas y de pastizales. En el caso de España, esto supone un 1,3 % del inventario (29,1 millones de toneladas), según detalla a este diario Valvanera Ulargui.

Además, otro facilidad es que los ocho países de la UE con una mayor renta podrán transferir créditos sobrantes de la gran industria (toneladas de CO2 no emitidas) desde el sistema de comercio de emisión a los inventarios de gases del sector difuso no sujetos al comercio de emisión (edificación, transporte…).

Opinión ecologista y de Equo

Los principales grupos ecologistas han calificado de “insuficiente y poco ambicioso” el objetivo de reducción de emisiones para España. Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, aseguró que el objetivo está “muy por debajo de lo que España como país enriquecido debería asumir”.

“Somos el país más vulnerable ante el cambio climático de toda Europa y tenemos que dejar de depender de las tecnologías contaminantes y peligrosas y apostar por liderar la lucha contra el cambio climático y convertirnos en un referente”, afirmó David Howell, de SEO/BirdLife.

“La propuesta está muy por debajo de los niveles necesarios para que la UE pueda alcanzar sus objetivos de mantener las temperaturas mundiales por debajo de 1,5 grados”, dijo Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Europarlamento.

Globalmente, la UE tiene como objetivo (incluyendo las metas sobre los grandes sectores industriales) lograr un recorte de emisiones de al menos un 40% en 2030 respecto a los niveles de 1990, para ajustarse al acuerdo de París (2015).

Fundación Renovables

La Fundación Renovables considera que la propuesta para España es un objetivo de tan fácil cumplimiento, tan laxo, que puede resultar perjudicial para su desarrollo económico. Para la Fundación Renovables, teniendo en cuenta las capacidades de España como país y la obligación y oportunidad de descarbonizar su economía en el medio plazo, cumplir un objetivo “tan nimio” significará que no se producirá innovación suficiente y que estamos perdiendo el carro del progreso. “Muchas soluciones ya están en marcha y llevarán a reducciones de emisiones más importantes que las que exige este objetivo. Lo que este país necesita son inversiones suficientes, eficientes y eficaces, justamente para poder descarbonizar el transporte, la edificación, la agricultura y los residuos”, dice.

Cómo conseguirlo

Los expertos piden al gobierno que cumpla la directiva de la UE de eficiencia energética del 2010, cuya finalidad es lograr edificios de consumo energético casi nulo y capaces de generar electricidad in situ con fuentes renovables –su entrada en vigor es a partir del 2018 para los edificios públicos y a partir del 2020 para los nuevos edificios y las rehabilitaciones–.

También piden eliminar las barreras que impiden el ahorro de energía en el ámbito de la edificación La subida de la luz del 2013 elevó un 100% el término fijo de potencia en el recibo de la luz. “Se paga más por la potencia contratada que por la energía que realmente se consume, todo lo cual desincentiva el ahorro”, dice Javier García Breva, experto en energía.

Al subir la parte fija del término de potencia, la capacidad del usuario de incidir en el ahorro con su comportamiento es muy menor. García Breva reclama anular las medidas que impiden el despegue del autoconsumo con energía fotovoltaica (incluido el ‘impuesto al sol’ para ciertas instalaciones) y que los contadores inteligentes sean un instrumento útil para los consumidores, que le ayuden a saber dónde se gasta la energía y cómo puede evitarlo, ya que “ahora, sólo son un instrumentos al servicio de las compañías eléctricas”.

Fuente: La Vanguardia