La futura Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica introducirá tres nuevas cargas impositivas en la Comunidad Valenciana dentro de la fiscalidad verde, para vehículos contaminantes, para grandes superficies generadoras de gran movilidad y para la emisión de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la Generalitat gravará a las grandes superficies de más de 2.500 metros cuadrados por el número de vehículos que accedan al espacio, para compensar sus emisiones.
La recaudación de la fiscalidad verde irá a parar a un fondo finalista, es decir, revertirá en el ámbito de la propia ley, con el fin de “acompañar” a sectores económicos y personas en esa transición ecológica para que sea “una transición justa”, según ha explicado esta tarde la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, al presentar el anteproyecto de Ley aprobado por el Consell. Mollà ha destacado la gran participación en la elaboración del texto, que ha asumido 730 alegaciones, y viene a transponer y adaptar las normativas europeas y, en algún caso, los objetivos son más ambiciosos. El anteproyecto debe pasar por el Consell Jurídic Consultiu , entre otros órganos, antes de llegar a las Cortes valencianas.
El impuesto a los vehículos más contaminantes se aplicará a partir de 2023 con el fin de desincentivar su compra, y se aplicará a razón de peso y gramo de CO₂ que emita el vehículo. Ello supone avanzar en el reto de que a partir de 2040 ninguna matriculación podrá ser de vehículos contaminantes.
La consejera ha incidido, al igual que el texto normativo, en la necesidad de actuar de manera urgente para afrontar la tropicalización del Mediterráneo, la pérdida de biodiversidad y la intensificación de los fenómenos meteorológicos con un objetivo prioritario: garantizar las condiciones de vida y progreso en un territorio que será epicentro del cambio climático.
El Mediterráneo es la cuenca más afectada por el cambio climático en Europa: las noches tropicales por encima de los 20 grados y las ecuatoriales, por encima de los 25 grados, han pasado de 20 a 70 al año desde los años ochenta. La Comunidad Valenciana es una de las autonomías más afectadas en España por el cambio climático. Por ello, en algunos casos los objetivos son más ambiciosos que los previstos en la norma estatal y “se acompañan de los instrumentos necesarios para proteger a los colectivos, los sectores económicos y las zonas más vulnerables en el proceso de transición ecológica”, según la consejería.
La Ley de Cambio Climático marca como objetivo, de acuerdo con las líneas fijadas por la Unión Europea, reducir un 40% las emisiones de CO₂ en 2030 y declarar la neutralidad de emisiones en 2050. La norma estatal sitúa el porcentaje en el 23%. En materia de consumo de energía, el objetivo se fija en una reducción del 35,4% en 2030 (un 35% en la norma nacional) y se establece como objetivo que el 42% de la energía consumida en 2030 sea procedente de fuentes renovables.
El anteproyecto también el impulso de la implantación de actividades económica y creación puestos de trabajo verdes y la potenciación de la educación ambiental. La norma se fija en las características del territorio valenciano en materia de consumo, combustibles, recursos naturales y oportunidades al alcance para definir estrategias adaptadas de lucha contra al calentamiento global en torno a cuatro ejes: Energía, Urbanismo y Territorio, Movilidad y Fiscalidad Verde,
En Energía, Eficiencia, Ahorro y Expansión de Renovables son las tres estrategias para conseguir los porcentajes de origen renovable de la energía desde la planificación y la democratización de la energía limpia, Esta contará con el impulso del Plan Director de Energías Renovables de la Consejería de Transición Ecològica.
Para cumplir con los propósitos vinculantes, la Conselleria se dota de un Plan Integrado de Energía y Cambio Climático, ya en licitación, un instrumento, integrado y transversal, de ordenación y planificación de los objetivos sectoriales y de las acciones específicas que se desarrollarán para dar respuesta a las finalidades de esta ley.
En referencia a las actuaciones de Territorio la propuesta de Ley alude al establecimiento de zonas de desarrollo prioritario, en colaboración con los Ayuntamientos, o al derecho de superficie, “dos mecanismos dedicados a simplificar la implantación de proyectos promovidos por cooperativas, comunidades energéticas locales o incluso corporaciones locales”, apunta el texto de la Consejería.
Fuente: El País
