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La Generalitat Valenciana presenta su Ley de Cambio Climático para reducir las emisiones un 40% en 2030

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha presentado el borrador de la Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica, «una de las políticas centrales de esta legislatura» al frente de la Conselleria. La nueva ley se anuncia como «un plan necesario para frenar los pasos en la dirección contraria», ante el crecimiento de las emisiones registrado en los últimos años, tanto a nivel estatal como en la Comunitat Valenciana.

Para revertir esta tendencia, el borrador señala objetivos «necesarios, transparentes, valientes con objetivos no menores», ha asegurado Mollà en referencia a los principales propósitos: una reducción de las emisiones de al menos el 40 % en el año 2030 y un 100 % de energías limpias en el año 2050.

Según Mollà, unos objetivos que en «algunos casos se revelan más ambiciosos que los incluidos en la norma estatal», y que establecen para 2030 una reducción de emisiones de, al menos, un 20 %, respecto a los niveles de 1990, una cifra que rebaja a la mitad el horizonte establecido por la ley valenciana.

«Tenemos que replantearnos la relación con el mundo que nos rodea. Tenemos que hacer un ejercicio mayor de reducción y de contención. Esfuerzos de toda la sociedad valenciana tanto a nivel individual como colectivo», ha puesto de manifiesto la consellera.

El borrador llega apenas nueve meses después de que el Consell aprobara la Declaración de Emergencia Climática el pasado mes de septiembre. Un tiempo, ha recordado la consellera, que podría que podría haberse reducido a solo seis meses si la emergencia sanitaria de la COVID-19 no hubiera interrumpido la fecha prevista para la presentación de esta ley el pasado 12 de marzo.

Un contexto de crisis que la consellera ha vinculado «estrechamente con la emergencia climática» y que obliga a «tomar conciencia de que la salud del Planeta es nuestra propia salud y a asentar la nueva normalidad sobre los principios de la transición ecológica justa».

Mollà, acompañada de la secretaria autonómica de Emergencia Climática, Paula Tuzón, de la directora general de Cambio Climático, Celsa Monrós, y del director general de Transición Ecológica, Antonio García, ha desgranado los principales ejes de la futura ley, que parte del reconocimiento de la Comunitat Valenciana como territorio epicentro del cambio climático y que se fija en las características de este territorio en consumo, combustibles, recursos naturales y oportunidades al alcance para definir estrategias adaptadas de lucha contra al calentamiento global, como por ejemplo, la gestión de los bosques como sumideros de carbono.

La consellera ha marcado las cuatro líneas sobre las que trabajará la nueva norma valenciana: energía, territorio, movilidad y fiscalidad verde.

En energía, ha apelado a la eficiencia, las energías renovables y el ahorro. «Tres estrategias para conseguir porcentajes de origen renovable de la energía del 42 % para el 2030, en línea con los objetivos europeos y las previsiones estatales, y una mejora de la eficiencia energética del 35,4 %: casi 3 puntos por encima del reciente ‘Paquete de Energías Limpias’ de la Unión Europea, ha explicado Mollà.

La democratización de la energía limpia contará con el impulso del Plan Director de Energías Renovables de la Conselleria. «Tenemos que hacer un salto de calidad en cuanto a la expansión y aprovechamiento de las energías renovables», ha indicado Mireia Mollà, quien ha destacado iniciativas para flexibilizar y favorecer este tipo de instalaciones como la creación de Comunidades Energéticas Locales: «La Valenciana es la primera Comunidad Autónoma que regulará por ley esta figura de participación local en instalaciones de energía renovable».

Para cumplir estos propósitos vinculantes, la Conselleria se dota de un Plan Valenciano Integrado de Energía y Cambio Climático, «un instrumento, integrado y transversal, de ordenación y planificación de los objetivos sectoriales y de las acciones específicas que se desarrollarán para dar respuesta a las finalidades de esta ley», y que ejecutará la Agencia Valenciana de Cambio Climático.

En referencia a las actuaciones de territorio, la propuesta de ley alude al establecimiento de zonas de desarrollo prioritario, en colaboración con los ayuntamientos, o al derecho de superficie, dos mecanismos dedicados a simplificar la implantación de proyectos promovidos por cooperativas, comunidades energéticas locales o incluso corporaciones locales.

Movilidad

«Crearemos una red pública de puntos de recarga que garantice el suministro a los usuarios y usuarias de medios de transporte eléctricos», ha anunciado Mollà dentro de las principales medidas en movilidad junto con fórmulas de transporte sostenible y peatonalización, a través del acceso restringido a zonas de bajas emisiones.

El transporte, responsable del 44 % de las emisiones de la Comunitat Valenciana, «está estrechamente ligado a la fiscalidad verde, que articula un fondo con carácter finalista para asumir las inversiones en Transición Ecológica, además de contar con una partida de los presupuestos autonómicos y de la financiación que «reconozca tanto el Gobierno estatal como el Pacto Verde Europeo».

«Una transición necesariamente justa»

La consellera ha incidido en que «la justicia social es el hilo que atravesará todas las acciones de Transición Ecológica, que será necesariamente justa». «Es fundamental que sea un cambio de modelo que no deje a nadie fuera, a través de la Estrategia Valenciana de Transición Justa, los Convenios de Transición Justa y el Plan de Acción contra la Pobreza Energética. Tres medidas específicas inclusivas e integradoras».

Otras de las novedades con la que la consellera ha comenzado su presentación, tiene que ver con el papel clave de una «sociedad formada e informada corresponsable de la acción colectiva para reaccionar antes de tener que paliar los daños».

Para ello, defiende incluir la educación ambiental en el currículo escolar, para «crear a una generación de personas responsables con una nueva manera de producir y consumir», y se ha comprometido a «trabajar la nueva norma desde la transparencia de una propuesta de ley realista y honesta».

Fuente: Retema