SALA DE PRENSA

La emisión de gases aumentó en España un 3,5% en el 2015, mientras la ONU pide reducciones drásticas

España circuló el año pasado en sentido contrario a lo que reclama la ONU en materia de lucha contra el cambio climático. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero aumentaron en España en el año 2015 un 3,5%, según indicó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, quien, pese a todo destacó, como hecho más relevante, que estas emisiones descendieron un 0,5% en el sector difuso; es decir, en el ámbito de los gases generados en el transporte, la edificación, la agricultura y los residuos.

Los datos fueron revelados coincidiendo con la difusión de un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el que se señala que el mundo debe incrementar de manera urgente su ambición para recortar más o menos un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero, si se quiere evitar los peores efectos del cambio climático. Las emisiones mundiales de gases se situarán en el año 2030 entre las 54 y 56 gigatoneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2), una cifra muy por encima del nivel de las 42 gigatoneladas necesario para tener una oportunidad de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados. Una gigatonelada equivale aproximadamente a las emisiones generadas por el transporte en la Unión Europea (incluida la aviación) durante un año.

Los científicos estiman que limitar el calentamiento global a menos de 2 grados este siglo (en comparación con los niveles preindustriales) reducirá la probabilidad de tormentas más intensas, sequías más prolongadas, aumento del nivel del mar y otros impactos climáticos severos. Incluso alcanzar el objetivo inferior de 1,5 grados centígrados sólo reducirá, en lugar de eliminar, los impactos. Si no se produce una pronta reducción de esos gases, el planeta experimentará previsiblemente un incremento en su temperatura media global de entre 2,9 y 3,4 grados centígrados, aunque se apliquen en su totalidad los compromisos pactados en el Acuerdo de París.

Dos razones: climático y precio del carbón

Pablo Saavedra indicó que el aumento de las emisiones en España en el 2015 se debió sobre todo al aumento (del 10%) de los gases generados en las actividades sujetas al mercado de comercio de emisiones. Influyeron tanto cuestiones climatológicas como el bajo precio del carbón a la hora de condicionar la producción eléctrica. Aquí desempeñó un papel determinante el mayor uso del carbón (principal fuente que atendió la demanda eléctrica en el 2015) debido a su bajo precio en los mercados, mientras que la producción hidroeléctrica y eólica fue más baja por razones climatológicas.

“Esto refuerza la necesidad de introducir las renovables”, dijo el secretario de Estado en tono más bajo. Aún así destacó que el aumento de las emisiones en los sectores difusos, aquellos que no están sujetos a la directiva (transporte, edificación, agricultura) contrasta con una subida del PIB español del 3%.

La Comisión Europea se ha marcado como objetivo un recorte de emisiones de CO2 de hasta el 40% en 2030 (respecto a los niveles de 1990) con el fin de mantener el liderazgo en la lucha contra el cambio climático, después de que ya las haya logrado recortar un 23%.

Y esto tiene un reparto interno. España acepta (no pone reservas a los planes de reparto europeo interno) como objetivo lograr una reducción de emisiones en el sector difuso del 26% para el 2030 con relación al 2005 ( y un recorte del 43% para las actividades sujetas al comercio de emisiones), dijo Saavedra.

Entra en vigor el Acuerdo

El Acuerdo del Clima de París entra en vigor hoy, 4 de noviembre, 30 días después de que más de 55 países que sumaban más del 55% de las emisiones globales de CO2 ratificaran su compromiso de lucha para conseguir que el aumento de la temperatura global del planeta se quede por debajo de los 2 grados centígrados (lo que era el requisito exigido).

El pacto ha salido adelante gracias al impulso decidido de China y Estados Unidos, al que finalmente se sumó la UE, después de que todos los países comunitarios expresaran el pasado 29 de septiembre su voluntad de ratificarlo, aunque sólo lo han hecho por ahora 10 de ellos (Alemania, Francia, Polonia, Austria, entre otros). No así lo ha hecho otro nutrido grupo (Gran Bretaña, Italia o Bélgica), así como España, cuyo gobierno ha alegado que no podía hacerlo al estar en funciones.

Documentación preparada

A este respecto, el secretario de Estado en funciones, Pablo Saavedra, explicó en un encuentro con los medios que ya está “todo preparado” y que confía en que el primer consejo de ministros “ordinario” de la próxima semana, el Ejecutivo pueda elevar a las Cortes Generales su ratificación y que el Parlamento pueda tramitarlo “en el menor tiempo posible”.

En todo caso, ha admitido que no se puede esperar que España deposite sus instrumentos de ratificación antes o durante la conferencia (COP22) de Marruecos porque la tramitación parlamentaria llevará “entre tres y seis meses”. “Es un tema de procedimiento y no tiene más consideración porque estoy seguro de que va a existir un consenso de todas las fuerzas parlamentarias están de acuerdo en al ratificación”, ha apostillado.

Una vez elevado, ha explicado que dependerá del Parlamento, aunque ha insistido en que la aplicación práctica para España viene dada por la ratificación de la Unión Europea y bajo este paraguas estará representada en la toma de decisiones, ya que la posición común de cara a la COP está aprobada por sus Estados miembro.

Cumbre en Marrrakech

Saavedra manifestó que en la Cumbre de Marrakech que se celebrará del 7 al 18 de noviembre España persigue avanzar en “todos los temas” de forma “equilibrada” y prestará especial atención a obtener resultados “tangibles en los textos de negociación”. Igualmente, ha destacado que España perseguirá aumentar la acción climática y concretar los mecanismos de transparencia de modo que se puedan lograr reglas que hagan “operativo” el Acuerdo de París y sentar las bases para que los países apliquen sus nuevos planes de lucha contra el cambio climático (aparte de los ya prometidos) a partir de 2020.

“En Marrakech se debe reconocer que nos encontramos en una nueva etapa donde lo más importante es trabajar en las reglas que hagan operativo el Acuerdo adoptado en la Cumbre París del pasado año y sentar las bases para que los países apliquen sus planes de lucha contra el cambio climático a partir de 2020”, ha manifestado.

Acuerdo de París

La ONU destaca que el 4 de noviembre será recordado como la fecha de inicio de una nueva era en la lucha contra el cambio climático

Saavedra ha indicado que el acuerdo es “un paso decisivo y salto cualitativo” respecto al Protocolo de Kioto, por lo que su entrada en vigor es “una excelente noticia” porque supone que el acuerdo tiene continuidad y que el impulso tras el Acuerdo de París “no ha cedido”. Del mismo modo, espera que su “gran ambición” se irá incrementado y ha destacado que ha sido ratificado de forma temprana por más de 80 países que suman en torno al 70% de las emisiones de CO2. Saavedra defiende que existe la voluntad política pues los objetivos están marcados pero falta que se concreten en textos legales sobre cómo va a funcionar y esto debe ser “cuanto antes”. Por eso es preciso avanzar, “desde ya” para que aumente la ambición y que cuando empiece a estar operativo en 2020 “esté todo bien atado”.

Los grupos conservacionistas

Las ONG ambientales han celebrado la entrada en vigor del Acuerdo del Clima de París, que consideran “el de mayor trascendencia social” de la historia y piden al nuevo Gobierno su ratificación urgente, “ya sin excusa”. “Sería una fantástica señal al mundo de que España estuviera a la altura de los problemas globales a los que se enfrenta en las próximas décadas”, ha manifestado la directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz.

En esta línea, destacó que el comisario del clima de la UE, Miguel Arias Cañete, ha sido capaz de que Europa ratificara el acuerdo sin que los parlamentos de todos los Estados miembro lo hubieran hecho. Ruiz pide que la nueva legislatura siente las bases de ese cambio de modelo para las próximas décadas ante la emergencia social y ambiental que supone el cambio climático para España.

Greenpeace ve una “muy buena noticia para el planeta” su entrada en vigor porque comienza un “camino irreversible” hacia la “completa” eliminación de los combustibles fósiles. La directora internacional de la ONG, Jennifer Morgan, ha calificado el presente de “momento crucial”. “Las renovables son beneficiosas para la salud, el empleo y el medio ambiente, por lo que no podemos dejar pasar esta oportunidad con objetivos nacionales débiles que supondrán grandes gastos, grandes riesgos y grandes signos de interrogación”, ha concluido Morgan.

En esta línea, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, considera “muy positiva” la entrada en vigor del Acuerdo del Clima porque es un paso “muy importante después de 20 años de inacción” en los que se ha perdido “mucho tiempo”. Sin embargo, ha lamentado en declaraciones a que entra en vigor con un nivel de ambición “insuficiente” ya que aunque se cumpliera “todo lo previsto en el acuerdo” se seguirá superando los límites del objetivo de seguridad, pues la temperatura global se incrementaría unos 3,4 grados centígrados a final de siglo.

En ese sentido, recomendó que el nuevo Ejecutivo impulse las renovables, acabe con el carbón y aporte recursos suficientes al Fondo Climático porque por mucha crisis económica que tenga España “están mucho peor en los países en desarrollo que sufren las peores consecuencias del cambio climático”.

El papel de las ‘subnaciones’

Mientras tanto, el gobierno catalán confirmó que participará en la cumbre de Marraquech con una delegación integrada por el propio conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, y la secretaria de Medi Ambient, Marta Subirà. El gobierno catalán tiene en el Parlament el proyecto de ley de Canvi Climátic, que incluye medidas de fiscalidad ambiental para los vehículos, con el objetivo de nutrir un fondo económico para favorecer las políticas de lucha contra el cambio climático.

Este fondo debe entrar en funcionamiento previsiblemente en el año 2018. Se espera que la ley sea aprobada en la primavera del año próximo, afirmó Marta Subirà. “La Generalitat acude a la cumbre de Marrakech con la voluntad de que se vea más reconocido el papel de las llamadas ‘subnaciones’” (argot de la ONU),dijo Subirà, “puesto que en un nivel inferior de la Administración es más fácil aplicar la agenda ambiental y las políticas de cambio climático”, recalcó.

Fuente: La Vanguardia