SALA DE PRENSA

España necesita una senda climática para el 2050

La cumbre del clima de Marrakech, como era de esperar, ha sido una de las conferencias denominadas técnicas en que se debía empezar a discutir y programar el desarrollo de las reglas de funcionamiento del Acuerdo de París contra el cambio climático aprobado el año pasado.

El acuerdo de París ha entrado en vigor después de ser ratificado por más de 100 estados, que suponen el 77% de las emisiones totales a nivel global, el pasado 4 de noviembre.

Al contrario de lo que sucedió con el Protocolo de Kioto, donde el proceso de ratificación fue difícil y muy largo (de 1997 al 2005), esta vez la ratificación ha tenido lugar antes de lo esperado, desde diciembre de 2015 al noviembre de 2016, en menos de un año.

Es una muy buena señal, como lo ha sido ver que desde París, tanto la Asociación Internacional de Aviación Civil como el Protocolo de Montreal las sustancias que destruyen la capa de ozono están a favor de contribuir a la reducción de las emisiones globales.

No ha sido tan buena la señal dada por el resultado de las elecciones presidenciales en Norteamérica y la entrada en la Casa Blanca de un presidente que dice ser un negacionista de la existencia del cambio climático.

Próximamente después del 20 de enero se irá viendo si las propuestas de Donald Trump se convierten en acciones reales de oposición o pasividad en los temas relacionados con el cambio climático ya que últimamente ya estamos acostumbrados a que una cosa es lo que se promete durante la campaña electoral y otra, a veces muy distinta, lo que se hace después.

El calendario acordado en Marrakech establece un periodo de dos años, los que van desde ahora hasta la conferencia del año 2017 en Bonn (bajo la presidencia de las Islas Fidji) y la conferencia de diciembre de 2018, en Polonia, para tratar todos los asunto relacionados con las reglas de funcionamiento del Acuerdo de París.

El efecto Trump ha unido al resto de los Estados a nivel mundial de manera más efectiva ya que en Marrakech todos han considerado que el proceso es imparable, irreversible y urgente.

En paralelo y de manera simultánea, una parte significativa de la sociedad civil, las ciudades, los gobiernos regionales y las empresas, entre otros, han reforzado sus compromisos de participación activa en la lucha contra el cambio climático.

Una plataforma conjunta promocionada por Naciones Unidas en la conferencia de Lima y reforzada en la cumbre de París ha tenido un protagonismo reforzado en Marrakech.

Esta plataforma tiene como objetivo central lograr una reducción de emisiones para el 2050 y ha presentado una serie de iniciativas con acciones concretas y con ambiciones a largo plazo que merecen ser comentadas y estudiadas.

Objetivos más ambiciosos, empresas comprometidas

Algunos de sus protagonistas han tomado la iniciativa de empezar a actuar sin esperar el resultado del proceso de desarrollo y la puesta en funcionamiento del Acuerdo de París que está previsto que sea a partir del 2020.

Veintidós Estados (entre ellos Alemania, Reino Unido, Suecia, Italia, Francia, Japón, Canadá), 15 ciudades (París, Río, Nueva York, Londres, San Francisco, Estocolmo) y 17 regiones (Baden-Wüettemberg, en Alemania; British Columbia, Ontario y Quebec en Canadá; California, el Estado de Washington y Portland en Estados Unidos, Escocia y Gales en el Reino Unido; el Piamonte en Italia y Catalunya) han firmado un acuerdo de acciones a realizar con compromisos de verificación y transparencia en los resultados que están comprometidos a realizar con el objetivo del año 2050.

Además 196 grandes empresas a nivel mundial también han firmado sus compromisos dentro de esta iniciativa, entre ellos están once empresas españolas: Acciona, Ferrovial, Gamesa, Grupo Sepi, Gas Natural, Gestamp, Grupo Logístico, Iberdrola, Inditex, Maessa y NH hoteles.

Con el fin de poner un ejemplo de estas acciones y analizar con más profundidad, creo que es remarcable la iniciativa del Gobierno Alemán de aprobar su Climate Action Plan 2050.

El gobierno de coalición CDU, CSU y SPD acordaron el año 2013, iniciar conjuntamente la redacción de un plan de acción para reducir las emisiones de manera doméstica de Alemania entre un 80% y el 95% para el año 2050, tomando como punto de referencia las emisiones alemanas del año 1990.

Alemania, la referencia

La ministra de Medio Ambiente del Gobierno Federal, Bárbara Hendricks, ha presentado un plan de consenso después de haberlo consultado públicamente con los ciudadanos, las asociaciones empresariales y los sindicatos, los municipios y las regiones (Länders) que forman el Estado Federal. Las consultas se realizaron entre Junio de 2015 y Marzo de 2016, finalmente ha sido aprobado por todo el Gobierno alemán en noviembre, antes de Marrakech.

El plan fija objetivos de reducción por sectores: energía, edificios, transporte, comercio e industria, agricultura y bosques.Tiene objetivos de reducción cuantitativos y se basa en la utilización de tecnologías actualmente en uso que pueden ser mejoradas.

Tiene como objetivos intermedios los años 2030 y 2040; los combustibles fósiles están descartados a partir de 2050 para la producción eléctrica, y las dificultades más grandes se encuentran en el sector del transporte y en la producción de acero. También se planifican acciones para mejorar la gestión de los bosques que ayudarán a lograr una descarbonización de la economía alemana con un balance de emisiones neutro, tal como se acordó en el acuerdo de París. Es un plan que debería ser tenido en cuenta, por ambicioso pero también por realista y posibilista.

España necesita mejorar

España debería tener una posición más activa en temas de cambio climático y no esperar solamente lo que nos vayan proponiendo desde la Unión Europea. Debería tener una estrategia propia, con objetivos a largo plazo -2050- que fuera transparente y inclusiva.

Sabemos que España ha tenido unas emisiones en el año 1990 de 289,7 millones de toneladas de CO2 equivalentes y que deberá reducir sus emisiones domésticas, hasta llegar a poder emitir solamente un total aproximado de 58 millones de toneladas en el año 2050 (la cifra dependerá de los acuerdos de reparto de los esfuerzos de reparto dentro del conjunto de la Unión Europea). No conocer la cifra exacta final no nos libra del conocimiento aproximado de lo que hay que hacer.

De las toneladas totales que podremos emitir el 2050, aproximadamente la mitad son de difícil reducción (y se concentrarán en la producción del cemento en su parte de la fórmula química o bien a la digestión de los rumiantes o del cultivo del arroz entre otros muchos).

Tenemos un margen de maniobra para reducir emisiones para el año 2050 que debe ser muy ambicioso y deberíamos tener muy estudiado una estrategia para escoger las mejores reducciones posibles.

Financiar la factura del cambio climático

Por otro lado, se debería modificar la actual asignación de recursos económicos generados en las subastas de derechos de emisión que pagan las grandes empresas productoras de CO2 (térmicas, cementeras, vidrio…) y que deben destinarse a políticas para mitigar el cambio climático.

El gobierno español ingresó por este concepto 330,1 millones de euros el año 2014, pero este dinero no se destinó a políticas tangibles y efectivas para mitigar el cambio climático, sino que un acuerdo entre los ministerios de Hacienda y de Agricultura y Medio Ambiente permite que la mayor parte del dinero de las subastas va a reducir el déficit tarifario eléctrico (un destino ajeno a la finalidad que debería dase: la mitigación del calentamiento) y una pequeña parte al fomento de las energías renovables.

Es toda una paradoja. El grueso de los recursos económicos obtenidos mediante subastas que penalizan las emisiones de gases invernadero generadas por las eléctricas y el resto de la gran industria vuelve al mismo sector (eléctrico) y una parte a fomentar las renovables, en un bucle que no parece la mejor de las soluciones posibles.

Las energías renovables no deben tener un incentivo propio a través del dinero de las subastas de derechos de emisión (sino con otros instrumentos). Su incentivo ya es que no tienen que comprar derechos de emisión, como sí lo tienen que hacer las empresas que utilizan carbón o gas natural, que son combustibles fósiles.

Este dinero debe ir a reducción emisiones en otros sectores sin financiación climática (transporte, agricultura, ganadería, residuos y bosques). Además, la mayor parte de las competencias en estos sectores están en la Comunidades Autónomas, que no tienen recursos ni objetivos territorializados, todo lo cual conduce a una falta de incentivos claros de reducción de emisiones, una carencia que exige ser reconducida de manera más efectiva y útil, para que entre todos los actores se pueda reducir en España las emisiones a que estamos comprometidos después del Acuerdo de París.

Fuente: La Vanguardia