SALA DE PRENSA

El desacuerdo retrasa la Ley Catalana de Cambio Climático

La tramitación de la Ley Catalana de Cambio Climático ha sufrido un enorme retraso, porque su contenido no tiene aún la luz verde del Departament d’Economia, en donde el documento de base ha sido acogido con recelo. El elemento más polémico del documento (gestado en el Departament de Territori i Sostenibilidad) es la previsión de promover tres nuevos impuestos ambientales, destinados a financiar programas de mitigación del calentamiento.

La Ley Catalana de Cambio Climático es una de las leyes prometidas por CiU en su programa electoral; pero la falta de consenso interno, y el nuevo y más estrecho calendario político amenazan con complicar su tramitación o dejarla en el alero. Fuentes del Departament de Territori i Sostenibilidad indicaron que aún debe producirse una reunión con los responsables del Departament d’Economía para buscar un consenso, pues “quieren seguir hablando”, dijeron.

El Govern tenía previsto sacar a información pública el documento de base el pasado mes de septiembre, con el fin de que fuera aprobado como anteproyecto de ley por el Executiu en el mes de diciembre, para a continuación ser remitido al Parlament.

El asunto más espinoso en la discusión (y que explica la paralización del trámite) es la introducción de los tres nuevos impuestos ambientales: uno para penalizar la ineficiencia energética de los electrodomésticos, otro sobre eficiencia de neumáticos y un tercero que modificaba y graduaba el impuesto municipal de circulación en función de las emisiones de CO2 por kilómetro recorrido emitidas por los vehículos. La previsión era que los tres nuevos impuestos permitirían obtener unos ingresos a la Generalitat de unos 75 millones de euros anuales (de los cuales unos 65 millones procederían del impuesto de circulación modificados). Los electrodomésticos más ineficientes estarían gravados con una tasa de cinco euros, según el borrador del anteproyecto de ley.
Lo recursos económicos obtenidos deben servir para crear un fondo para ejecutar las medidas de política climática: rehabilitación vivienda, planes de eficiencia energética, redacción de planes de acción climática municipales y de reducción de emisiones en las empresas o fomento de vehículo eléctrico, entre otras acciones.

La futura ley incorporará también la adaptación a la legislación catalana de la nueva directiva comunitaria destinada a lograr edificios con “emisiones cero” para que sean autosuficientes energéticamente.

En el borrador, se incorporas diversas propuestas para fomentar el desarrollo de las energías renovables, entre ellas la posibilidad de que los promotores de estas fuentes de energía limpia puedan beneficiarse de bonificaciones fiscales en impuestos autonómicos. Además, se harán recomendaciones a los ayuntamientos para que actúen en esta misma línea.

Sabedores de que la Generalitat no tiene competencias en muchos ámbitos para combatir el cambio climático (energía, por ejemplo), los redactores iniciales del documento (gestados en la Secretaria de Medi Ambient del Departamenet de Territori i Sostenibilitat) se plantearon un objetivo ambicioso. “Los expertos nos han recomendado actuar como si fuéramos un estado independiente”, explicaron fuentes de la comisión intergubernamental creada al efecto, para subrayar el ánimo sobre cómo se enfoca la redacción de la ley. La ley se inscribe en el proyecto de crear “estructuras de Estado” para la Generalitat.

“Esta es una temática donde muchos ciudadanos, entidades y mundo académico, tienen algo que decir; esta ley tiene que ver con este estado propio que vamos a construir, con este modelo de sociedad nuevo, que ya ha aprendido que no todo el crecimiento económico está justificado y es justificable”, subrayó el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, anunciarla. “Y, por tanto, queremos recuperar el crecimiento de la economía, pero vinculado a unos principios de sostenibilidad”, ha añadido.

Para avanzar en la redacción del documento, el Departament de Territori emprendió el año pasado un proceso de consultas con los demás departamentos de la Generalitat para conocer su parecer sobre el contenido del actual borrador.

Fuente: La Vanguardia