La Comisión Europea ha iniciado el trabajo para implantar un arancel de carbono, lanzando una consulta pública sobre el mecanismo, que persigue evitar la deslocalización de la industria comunitaria a países sin costes vinculados al CO2 y eliminar la ventaja de productos importados desde esos países.
El arancel -denominado técnicamente «mecanismo de ajuste de carbono en frontera»- es una de las propuestas estrella del Pacto Verde Europeo, que le granjeó el apoyo de la Eurocámara a la actual presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Layen.
Otra de las propuestas de este Pacto es una nueva Ley del Clima Europea, cuyo primer borrador se ha presentado el miércoles en sociedad. Tal y como adelantó elEconomista, ha rebajado su ambición con relación a los objetivos de reducción de CO2 para 2030, retrasando la decisión de aumentarlos desde el 40% actual hasta el 50% o el 55%.
Pues bien, Bruselas ha aprovechado la presentación del citado proyecto de Ley -una figura legal inédita en la legislación europea- para lanzar la consulta sobre el arancel de carbono, junto con otra consulta sobre la revisión de la Directiva de fiscalidad energética, adoptada en 2003 y tan desfasada que es «irrelevante», según la expresión usada por los propios técnicos comunitarios.
Acorde con la OMC
El arancel no debe vulnerar las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ni los tratados de libre comercio firmados por los 27 con terceros. Además, ha de ser acorde con los mecanismos existentes en la UE para internalizar el coste del calentamiento global en la economía comunitaria, como el mercado de derechos de CO2 o los impuestos al carbono que aplican varios socios.
La Comisión indica que baraja varias opciones a la hora de diseñarlo, desde una tasa en las aduanas hasta la extensión del mercado de derechos de CO2 a las importaciones. Para calcular su magnitud, estudia usar la metodología empleada en este mercado o asignar una huella de carbono a los distintos productos, teniendo en cuenta su relación con las políticas climáticas actuales y futuras. Y propone aplicarlo en los sectores con mayor riesgo de fuga de carbono.
Por otro lado, para aplicarlo será necesario que los importadores y las autoridades puedan determinar las emisiones de CO2 asociadas a la producción de los bienes, de modo que será necesario implantar controles, y auditorias en terceros países.
Para reducir la burocracia de los procedimientos y evitar las barreras administrativas que todo ello puede provocar, recomienda aprovechar las metodologías de cálculo de las emisiones de CO2 ya existentes. En la actualidad, la OMC ya trabaja en el diseño de estándares internacionales para introducir el coste del CO2 al comercio transfronterizo.
Ponderar el coste social
Además, la Consulta señala la importancia de tener en cuenta el impacto del arancel, como la protección del empleo y la industria europea, pero también el encarecimiento de muchos productos importados, algunos de primera necesidad, obviamente con mayor efecto en la población más pobre.
Igualmente, habrá que tener en cuenta su incidencia sobre terceros países, que recibirán un fuerte incentivo para producir de un modo más sostenible al objeto de acceder al mercado europeo.
Todos estas vertientes se están incluyendo en un gran estudio que ya está en marcha, que tendrá en cuenta la información recabada gracias a la consulta pública, y que debería estar listo el año que viene.
Fuente: El Economista
