La Comisión Europea ultima una reforma energética para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones del 55% marcado el pasado septiembre por la presidenta, Ursula von der Leyen.
El vicepresidente, Frans Timmermans, presentará el próximo 14 de julio la primera parte de un ambicioso paquete de medidas llamado «Fit for 55» en el que incluirá la revisión de las directivas de fiscalidad energética, renovables, eficiencia energética o el sistema de comercio de emisiones con las que pretende acelerar la transición ecológica.
La propuesta que prepara Timmermans pondrá sobre la mesa un alza de los impuestos energéticos para alinear la fiscalidad europea con los objetivos ambientales. Tras el fracaso del anterior intento de revisión -que fue presentado en 2011 y retirado en 2015- el Ejecutivo comunitario intentará ahora aplicar una profunda transformación a los sistemas fiscales europeos de modo que se acompasen con los objetivos recogidos en la Ley del Clima europea.
Según los primeros documentos a los que ha tenido acceso este diario, la Comisión incluirá una revisión de los tipos mínimos de los impuestos especiales. Dicha actualización tendrá en cuenta aspectos como la inflación, el contenido energético (para hacer que los impuestos a la energía distorsionen lo menos posible) o el vínculo con los gases de efecto invernadero (para complementar la señal de precios fuera del sistema de comercio de derechos de emisión de la UE).
Asimismo, tras tres años de trabajo, el Ejecutivo comunitario abordará la diferenciación fiscal por sectores. Esta revisión permitirá separar los combustibles de motor de los de calefacción, dando la posibilidad de aplicar tipos diferenciados, exenciones y reducciones como sucede, por ejemplo, en el sector marítimo o de aviación que actualmente tienen exenciones para el queroseno o el combustible utilizado por los buques. Se espera que el queroseno comience a tener que afrontar una mayor carga impositiva.
La atención de la Comisión se centrará también en abordar los subsidios a los combustibles fósiles y evitar inconsistencias entre los impuestos y el sistema de comercio de emisiones, así como con la Directiva de Energías Renovables y la Directiva de eficiencia.
Bruselas quiere resolver el problema que viven algunos nuevos productos energéticos que mantienen una tributación similar a los productos tradicionales (por ejemplo, combustibles alternativos avanzados en el transporte, que pueden incluir electricidad) para facilitar y potenciar su uso.
Según el análisis de impacto que ha realizado la Comisión, los aumentos de impuestos para los combustibles fósiles en el sector del transporte o la calefacción suponen incentivos poderosos para el cambio de comportamiento, a corto plazo, pero alertan de que es posible que los consumidores no puedan alterar fácilmente sus patrones de consumo cuando se trata de una parte importante de sus ingresos. Por ese motivo, el Ejecutivo comunitario se compromete a evaluarlo cuidadosamente y defiende medidas de compensación como menores impuestos directos o impuestos al trabajo.
«La compensación a las personas con ingresos más bajos podría atajar el posible efecto redistributivo indeseable de este potencial aumento del impuesto a la energía», concluyen. Además, la Comisión defiende que el Plan de Inversión Green Deal y el Mecanismo de Transición Justa contribuirán a abordar las necesidades de inversión de transición, incluso en las zonas más afectadas, así como los problemas de pobreza energética.
Derechos de emisión
Como parte del mismo paquete, la Comisión propondrá mecanismos nuevos y reformados de fijación de precios para apoyar los objetivos climáticos de la UE, en particular un mecanismo de ajuste en la frontera del carbono (CBAM) y una propuesta de revisión del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS).
El Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (Rccde), el instrumento de la UE para medir y fijar el precio de las emisiones de CO2 por unidad, reducirá el número de derechos anuales en la UE para pasar de la llamada fase 4 (2021-2030) en la que se esperaba una reducción del 40% al nuevo objetivo del 55%. Esta medida, previsiblemente, hará subir considerablemente el precio por tonelada. Además, se espera que amplíe su ámbito de aplicación a otros sectores como el aeronáutico. Para lograrlo, la UE diferenciará entre los vuelos intracomunitarios y los internacionales. Para los vuelos comunitarios se aplicará el esquema del comercio de emisiones y para el resto el programa Corsia, que tendrá que ser revisado por las menores emisiones registradas en 2020 por la pandemia.
Mecanismo de ajuste
Por otro lado, la Comisión ha avanzado también en la creación de un mecanismo de ajuste en la frontera de carbono. La idea de esta medida es potenciar la adopción de políticas de reducción de emisiones en otros países al tiempo que mantiene la competitividad interior de las empresas europeas.
El Parlamento Europeo ha encargado a la Comisión que, a fin de evitar posibles distorsiones en el mercado interior y a lo largo de la cadena de valor, este mecanismo abarque todas las importaciones de productos cubiertos por el RCDE UE, incluso cuando estén implícitas en productos intermedios o finales; destaca que, como punto de partida (ya para 2023), y tras una evaluación de impacto, debe cubrir el sector eléctrico y los sectores industriales con gran consumo de energía, como los del cemento, el acero, el aluminio, el refinado de petróleo, el papel, el vidrio, los productos químicos y los fertilizantes, que siguen recibiendo importantes derechos de emisión gratuitos y representan aún el 94% de las emisiones industriales de la Unión.
El informe que ha elaborado el Parlamento pide eliminar todas las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente a las industrias de tal modo que se cumpla el principio de quien contamina paga y recomienda que un organismo independiente sea el que supervise esta nueva tasa que podría acabar sirviendo para financiar a la Unión Europea. No obstante, los europarlamentarios piden que la norma se apruebe con el acuerdo de la OMC puesto que países como Estados Unidos, China o Brasil ya han mostrado su oposición a la misma al considerarla una medida proteccionista.
Euroviñeta
Otra de las revisiones que vienen en el paquete es la de la Euroviñeta y normas de emisiones de CO2 para descarbonizar el transporte por carretera.
El uso de la infraestructura vial por parte de los vehículos pesados se regula mediante la Directiva Euroviñeta. La revisión de este expediente ha entrado en las últimas fases del procedimiento de decisión. De hecho, el Consejo Europeo la revisó este pasado 3 de junio.
Los colegisladores están negociando actualmente si se sustituyen las tasas por carretera basadas en el tiempo por otras basadas en la distancia, con el fin de aplicar el principio de «quien contamina paga», según el cual el contaminador asume el gasto de su contaminación, tal como preveía la Comisión en su propuesta original.
Varios países han pedido flexibilidad en la aplicación de esta medida para poder avanzar y, por el momento, la presidencia portuguesa ha presentado una propuesta de compromiso que trata de alcanzar un acuerdo entre todas las partes y que podría darse en un tercer trílogo que se celebrará sobre esta medida.
La descarbonización del transporte pesado por carretera también se verá incentivada por la introducción de un nuevo sistema de tasas por carretera variables basadas en las emisiones de CO2. Además, el proyecto de texto revisado de la Euroviñeta permite descuentos para los vehículos de cero emisiones, incentivando así el cambio hacia alternativas limpias.
Por lo que respecta a los turismos y vehículos ligeros, responsables del 75% de las emisiones de CO2 del transporte por carretera de la UE, la Comisión presentará la revisión del Reglamento que establece las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de turismos y furgonetas para hacerlos «aptos para 55».
El objetivo de reducción de las emisiones de CO2 de los coches, actualmente fijado en un 15% para 2025 y un 37,5% para 2030 en comparación con los niveles de 2021, se espera que se agudice para tener al menos 30 millones de coches de emisiones cero en las carreteras europeas en 2030.
Según Dr2 Consultores se espera que las diversas medidas de tarificación del carbono en el sector del transporte por carretera estimulen la demanda del mercado de vehículos de cero y bajas emisiones, tanto para el transporte de pasajeros como de mercancías.
Directiva de renovables
En lo que respecta a la nueva directiva de renovables, la UE está trabajando en elevar los objetivos a una cifra de entre el 38 y el 40% aunque el sector ha reclamado que se incremente hasta el 45%.
La revisión de la directiva incluirá un impulso a las energías renovables utilizadas en la calefacción y la refrigeración, con un nuevo objetivo vinculante de aumento anual de 1,1 puntos porcentuales.
El Ejecutivo comunitario está barajando la prohibición de los combustibles fósiles en la calefacción y refrigeración urbanas (district heatings).
Asimismo, el objetivo de uso de energías renovables en el transporte podría pasar del 14% al 26% e incrementarse para los biocombustibles avanzados, del 3,5% al 5,5%, con la introducción de una obligación de suministro específica para la aviación.
La patronal Gasnam junto con Repsol y otras 222 asociaciones, empresas, universidades y centros tecnológicos ha remitido un escrito conjunto a la Comisión Europea solicitando que se considere la contribución de los combustibles renovables para alcanzar los objetivos climáticos del transporte. Para esto es necesario modificar el enfoque de la regulación actual que considera únicamente las emisiones en el tubo de escape de los vehículos, lo que no garantiza la transición hacia una movilidad neutra en carbono.
La Comisión ha escuchado también alguna de las peticiones del sector eólico y se plantea aumentar la cooperación transfronteriza en materia de energías renovables en alta mar, con la obligación de que los Estados miembros de la UE cooperen dentro de cada cuenca marítima, y creen una ventanilla única para la autorización de proyectos eólicos transfronterizos en alta mar.
Asimismo, se propone crear un punto de referencia de la UE para el uso de las energías renovables en la industria, que incluya un etiquetado para los productos industriales verdes en determinados sectores y un sistema de certificación de combustibles renovables y de baja emisión de carbono.
La directiva incluirá también posibles topes nacionales para el uso de madera de tallo por encima de un determinado tamaño para la energía y un refuerzo del uso de la geotermia.
La Comisión Europea espera destinar el 37% de los 750.000 millones del fondo Next Generation a la transición ecológica y para ello planea emitar hasta un 30% de este dinero a través de bonos verdes.
El Green Deal europeo, presentado el 11 de diciembre de 2019, aspiraba a convertir a Europa en el primer continente neutro desde el punto de vista climático en 2050, salvaguardar la biodiversidad, establecer una economía circular y eliminar la contaminación, al tiempo que se impulsa la competitividad de la industria europea y se garantiza una transición justa para las regiones y los trabajadores afectados.
Con el anuncio del Pacto Verde Europeo en sus cien primeros días de mandato, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió a aumentar el objetivo de reducción de emisiones de la Unión Europea para 2030.
En su discurso sobre el estado de la Unión del 17 de septiembre de 2020, propuso que el objetivo de reducción se fijara en un 55%, junto con una revisión de la legislación de la UE en materia de clima y energía para junio que, finalmente, se ha retrasado unas semanas.
Ese mismo día, la UE adoptó la Comunicación «Aumentar la ambición climática de Europa en 2030 -Invertir en un futuro neutro para el clima en beneficio de nuestros ciudadanos» (comúnmente conocida como el plan de objetivos climáticos de la UE para 2030). También incluye un objetivo actualizado de reducción de emisiones para 2030 del 55% neto en comparación con los niveles de 1990, desde el actual objetivo de reducción de emisiones del 40%.
La comunicación se basa en una amplia evaluación de impacto y en una consulta pública realizada durante la primavera de 2020. El análisis concluye que el marco político actual es insuficiente. Si no se modifican el marco político y la legislación actuales, la comunicación de la Comisión Europea prevé una reducción de las emisiones de solo el 60% para 2050, es decir, muy alejado del objetivo de neutralidad y del futuro de emisiones negativas.
Fuente: El Economista
